Adelantan promoción; olvidan la fiscalización

Colima, México, Avanzada (04/08/2026).— A ocho meses de que comiencen formalmente las campañas políticas, actores de distintos partidos en Colima, especialmente de Morena, ya reparten materiales de promoción casa por casa, difunden sus logros y recorren colonias y municipios para posicionar su imagen, aprovechando los márgenes de una legislación que no considera ilegal cualquier actividad política anticipada.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral estableció que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzará el próximo 10 de septiembre. Sin embargo, las precampañas se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027 y las campañas, del 4 de abril al 2 de junio. Después habrá tres días de veda y la elección se celebrará el domingo 6 de junio de 2027.

Las fechas aprobadas corresponden a la elección federal de 500 diputaciones, pero también sirven como referencia para coordinar las elecciones concurrentes. En Colima se renovarán la gubernatura, el Congreso local y los diez ayuntamientos, y será el Instituto Electoral del Estado quien deberá aprobar el calendario específico de registros, precampañas y campañas locales a partir de las fechas establecidas por el INE.

No obstante, la promoción política comenzó desde julio para algunos aspirantes. Por ejemplo, Rosa María Bayardo Cabrera, presidenta municipal de Manzanillo con licencia, se separó del cargo y se registró para buscar la denominada Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena.

La posición no se denomina formalmente candidatura a la gubernatura; sin embargo, coloca a Bayardo en la disputa interna del partido gobernante y podría convertirla en su abanderada para suceder a Indira Vizcaíno Silva.

Bayardo inició asambleas y recorridos por diferentes municipios bajo el argumento de defender los logros de la Cuarta Transformación, promover la soberanía nacional y mantener contacto con la población. La morenista ha rechazado que sus actividades constituyan actos anticipados de campaña porque, sostiene, no solicita el voto ni se presenta formalmente como candidata.

En la práctica, las reuniones le permiten promover su nombre, imagen, trayectoria y cercanía con la estructura territorial de Morena, seis meses antes de que comiencen las precampañas y ocho antes de que inicien las campañas. Los actos son llamados “asambleas informativas”, mientras la aspiración electoral se presenta como una tarea de “defensa de la transformación”.

Bayardo no es la única que está en esa posición. También el diputado federal de Morena, Leoncio Morán Sánchez, comenzó a participar en reuniones territoriales, acompañar actos políticos y distribuir materiales sobre su trabajo legislativo. Morán reconoció públicamente que pretende competir en el proceso interno de Morena para buscar nuevamente la presidencia municipal de Colima.

El legislador aparece, además, junto a Bayardo en reuniones y publicaciones donde destaca su experiencia y liderazgo. Aunque su aspiración es municipal y no estatal, su presencia le permite recuperar posicionamiento en la capital, que gobernó de 2003 a 2006 y de 2018 a 2021.

A ellos se suma la diputada local Karen Judith Jurado Escamilla, quien aumentó sus actividades territoriales en Villa de Álvarez mediante recorridos, reuniones vecinales y acciones identificadas como “BacheAndo La Villa”. La legisladora presenta esas intervenciones como gestión pública, aunque su nombre e imagen aparecen de manera constante en los materiales difundidos.

Para acreditar actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe identificar tres elementos: que intervenga una persona con aspiraciones políticas; que los hechos ocurran antes del periodo permitido, y que exista una solicitud explícita o inequívoca de respaldo electoral o llamado al voto.

Mientras que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos anticipados como expresiones realizadas fuera de campaña que llamen a votar a favor o en contra de una candidatura o partido, o que soliciten apoyo para contender.

Esa falta de claridad permite que buena parte de la promoción anticipada permanezca en una zona jurídicamente ambigua, pues los aspirantes evitan pedir abiertamente el voto y sustituyen las palabras “precandidato” y “campaña” por coordinador, defensor, asamblea, gestión, informe o encuentro ciudadano.

Quienes recorren el estado desde ahora obtienen exposición, construyen estructuras, recopilan contactos y posicionan su imagen antes de que otros aspirantes puedan hacerlo dentro de una competencia formal, fiscalizada y sujeta a topes de gasto.

Hasta ahora, ni el INE ni el Instituto Electoral del Estado de Colima han informado públicamente de qué manera identificarán y contabilizarán los gastos realizados bajo la etiqueta de “defensa de la transformación”, ni cómo distinguirán una actividad partidista, una gestión institucional y una promoción encaminada a conseguir una candidatura.