Diputados congelan lucha anticorrupción: mil días de atraso

Colima, México, Avanzada (02/07/2025).- Aunque los discursos en contra de la corrupción son una constante en la clase política de Colima, en la práctica las acciones van en sentido contrario. Desde hace tres años, el Congreso del Estado incumple con su obligación legal de emitir la convocatoria para conformar la Comisión de Selección, instancia que debe nombrar al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.

El 11 de agosto de 2022 se emitió una primera convocatoria que nunca se concretó, presuntamente por acuerdos políticos entre las principales fuerzas legislativas, especialmente Morena, partido que desde 2018 ostenta la mayoría en el Congreso local. Desde entonces, el tema ha quedado enterrado en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, hoy presidida por el diputado Juan Carlos Rendón García.

La omisión legislativa ha dejado inoperante a uno de los pilares del Sistema Estatal Anticorrupción: el Comité de Participación Ciudadana, órgano integrado por cinco ciudadanos con probidad, cuya tarea principal es representar a la sociedad civil en la prevención, seguimiento y denuncia de actos de corrupción.

La semana pasada, la diputada Priscila García reconoció públicamente el rezago. Afirmó que corresponde a la Comisión de Transparencia emitir la convocatoria para seleccionar a la Comisión de Selección. Sin embargo, no ofreció fechas ni compromisos concretos para corregir la parálisis institucional.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, publicada en julio de 2017, establece con claridad los pasos para designar a los integrantes del CPC. El proceso debe comenzar en el Congreso del Estado con la conformación de una Comisión de Selección integrada por 11 ciudadanos propuestos por instituciones educativas y organizaciones civiles especializadas en fiscalización y rendición de cuentas. Esta Comisión debe, a su vez, lanzar una convocatoria pública para recibir postulaciones, evaluar perfiles y realizar los nombramientos correspondientes.

La falta de cumplimiento ha implicado no solo una violación a la ley por parte del Congreso, sino la anulación práctica del sistema de vigilancia y participación ciudadana en materia anticorrupción. Sin el CPC, el Comité Coordinador del Sistema Estatal queda inoperante, al igual que la posibilidad de articular políticas integrales, mecanismos de denuncia, evaluación y participación de la sociedad civil.

El Comité de Participación Ciudadana no solo coadyuva a la política estatal anticorrupción; también tiene derecho a acceder sin restricciones a la información del Sistema, de acuerdo con la Ley del Sistema Anticorrupción publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio de 2017, además de poder opinar sobre instrumentos de control, proponer indicadores y articular redes ciudadanas contra la corrupción.

A pesar de su importancia, el Congreso ha dejado pasar más de mil días sin dar un solo paso concreto para revitalizar este órgano. Mientras tanto, los discursos anticorrupción siguen floreciendo en comparecencias, campañas y redes sociales, especialmente en el actual gobierno del estado.