Colima, México, Avanzada (27/06/2025).- El pasado martes 24 de junio, alrededor de las 8:30 de la noche, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, padre de la actual gobernadora de Colima, se reunió en solitario con el diputado local y coordinador del PRI en el Congreso del Estado, Arnoldo Ochoa González, en un café ubicado sobre la avenida La Paz, en la capital del estado.
El encuentro se llevó a cabo en una de las mesas de la planta baja del establecimiento, mientras el equipo de seguridad de Vizcaíno Rodríguez permanecía afuera del lugar, en sus respectivas camionetas. La reunión ocurrió dos días antes de que Ochoa González compareciera ante un juez de control junto con el exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, por una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, relacionada con presuntos actos de peculado cometidos durante la administración estatal anterior.
Arnoldo Ochoa González, además de su actual papel como coordinador parlamentario del PRI, fue secretario general de Gobierno durante una parte del sexenio de Ignacio Peralta. Por su parte, Carlos Noriega, exsecretario de Finanzas, ya había enfrentado una denuncia por peculado casi un año atrás, la cual fue desestimada al final de la anterior Legislatura.
El encuentro en el café de la avenida La Paz sólo se dio entre los dos políticos colimenses, y según testigos del encuentro, la conversación fue amistosa. Los testigos afirmaron que una semana antes, en ese mismo lugar y en la misma mesa, Vizcaíno se habría reunido con un tío del exgobernador Ignacio Peralta Sánchez.
En mayo de 2023, Noriega García fue vinculado a proceso por el presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL), a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, un juzgado local le otorgó una suspensión condicional del proceso penal; la medida fue concedida por la jueza de primera instancia Rocío Alejandra Guedea León.
El exfuncionario sólo tendría que cumplir con tres condiciones durante seis meses: residir en un lugar específico, no ejercer recursos públicos en ningún cargo y donar 20 mil pesos —15 mil al Hogar de Protección al Niño y 5 mil a la asociación civil Las Bizantinas.