Colima, más de dos décadas con tufo a lavado de dinero

Colima, México, Avanzada (22/11/2019).- Aunque se encuentra ubicado entre los estados con mayores operaciones de presunto lavado de dinero, Colima no ha sido escenario de investigaciones ni de sanciones a empresas ni a personajes implicados en ese delito.

Desde que en 1999, hace dos décadas, fue detenido Cirilo José Ocampo Verdugo, conocido como el Rey de las Cajas Populares, acusado de lavado de dinero, hasta la fecha no se ha tenido noticia de otra detención de esa magnitud, a pesar de que las propias autoridades han aceptado que existen evidencias de esta práctica.

Incluso a finales de los ochentas, antes de la llegada de Ocampo Verdugo a Colima, se dio el caso del famoso narcotraficante Manuel Salcido Uzueta, conocido como El Cochiloco, quien adquirió el rabcho El Jayamita en el municipio de Coquimatlán, donde vivió varios años bajo la falsa identidad de “ingeniero Pedro Orozco” y ahí recibía y agasajaba a encumbrados políticos y demás personajes públicos de la entidad.

A finales de septiembre pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, dio a conocer que el fenómeno del lavado de dinero se concentra en estados gobernados por el PRI y el PAN, entre los que se encuentran Colima, Tlaxcala, Sinaloa, San Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California norte y sur, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, etcétera.

En el caso de Colima, no se ha actuado contra el lavado de dinero a pesar de contar desde hace varios años con una legislación de la materia más severa.

Hace más de siete años, en julio de 2012, el Congreso del Estado aprobó reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales de la entidad con el fin de prevenir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

La iniciativa, enviada por el Ejecutivo estatal, refirió que las reformas representan el cumplimiento de un compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008, “con el propósito de atender los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia”.

De ese modo, dentro de la figura del decomiso se amplió la cobertura de propiedades o posesiones que pueden ser objeto de esa acción, por lo que serán instrumento del delito todas las pertenencias del inculpado, a fin de disminuir la capacidad económica del delincuente y limitar sus actividades.

“Se establecen como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, el lavado de dinero, además de que será catalogado como delito grave, con una penalidad de 5 a 15 años de prisión y multa de mil a 5 mil unidades”, refirió la reforma aprobada.

Asimismo, en las sanciones por lavado de dinero se contempla también como agravante cuando los sujetos activos sean servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos, o ejecutar las sanciones penales. 

Hace casi dos años, en febrero de 2018, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo que tenía una lista de empresarios que “están lavando dinero del narcotráfico”, aunque argumentó que su gobierno no tiene las facultades para investigar ese tema.

En una entrevista radiofónica, dijo tener elementos para detectar “operaciones irregulares, que son sospechosas, que te permiten decir con toda claridad que no están apegadas a la norma y que pudieran dar pie a un reporte”.

Luego del escándalo generado por esta declaración, Peralta dio marcha atrás y aclaró que la lista de empresas acusadas de lavar dinero que dijo tener en su poder no es una lista de empresas de la entidad, sino que se trata de una lista que ha sido pública a través de los medios de comunicación.

Aseguró que la lista fue incluso informada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Precisamente en agosto de 2017 se  dio a conocer una lista de  305 entidades, empresas o negocios, todas acusadas de vínculos con el narcotráfico, entre las que destacan por su número las casas de cambio, gasolinerías y otros expendios de combustibles, transportes aéreos y terrestres, bienes raíces, los hoteles, farmacias, servicios médicos y desarrollos turísticos, agrícolas, de inversiones y residenciales.

El gobernador reconoció que el lavado de dinero es una actividad que existe y que se deben fortalecer las políticas públicas en ese sentido.

Recientemente la UIF afirmó que tiene en la mira a dos de los nueve delegados estatales de programas de bienestar sujetos a investigación actualmente por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Según Nieto Castillo, en al menos dos casos se ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), además, que la entidad a su cargo revisa también posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores del país.

En entrevista con El Financiero, el académico investigador de la Universidad Panamericana (UP), Alfredo Ceja Rodríguez, refirió en 2016 que el dinero lavado es una mínima parte de las ganancias del crimen organizado, “de acuerdo a las dependencias que se encargan de la inteligencia financiera, las ganancias tan sólo por el lavado de dinero oscilan entre los 10 mil y los 25 mil millones de dólares para los cárteles mexicanos, que obtienen ingresos brutos superiores a los 250 mil millones de dólares, es decir el 10 por ciento”.

Los reportes de 2014 de la Procuraduría General de la República (PGR) refieren de 84 denuncias relativas al lavado de dinero, y Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco encabezan los señalamientos.

Junto a los anteriores estados, Chihuahua, Colima, Nuevo León, y el Distrito Federal, es donde más se registran las más de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras fuera de norma, desde 2007 a la fecha, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pudieran encajar en lavado de dinero.

Ante estas estadísticas, Alfredo Ceja refirió que las autoridades hacendarias tienen mucho que hacer, “es aquí donde la Unidad de Inteligencia Financiera tiene mucho trabajo para ubicar estos puntos, éstas empresas y giros de los que es más factible lavar dinero del crimen organizado”

De acuerdo con el especialista, los ‘blanqueadores de dinero’ han hecho gala de creatividad, al apoyarse en transferencias electrónicas, giros en efectivo, o depósitos en tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia; y el método más recurrente es la compra de pólizas de seguro, “las aseguradoras no te piden un respaldo, o saber de dónde proviene el dinero; hay otros giros que se prestan, como el restaurantero, el hotelero, y que decir de los casinos. En lo que si ha habido protección es en los bienes raíces y los vehículos”.