Gas pimienta: la normalización de la violencia institucional de Morena en Colima

Colima, México, Avanzada (05/05/2025).- El pasado sábado 3 de mayo, en Manzanillo, un grupo de jóvenes que participaba en un evento cultural gratuito, bailando al ritmo de la banda mexicana El Gran Silencio, fue abruptamente interrumpido por la Policía Municipal, que utilizó gas pimienta para dispersarlos. Este incidente ocurrió durante las festividades de la Feria de Mayo, en una jornada que coincidía con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo que añade un matiz simbólico a la represión ejercida.

La administración municipal, encabezada por la alcaldesa morenista Rosa María Bayardo, emitió un comunicado informando que se investigará el actuar de los elementos policiacos. Sin embargo, no se ofrecieron disculpas públicas ni se asumieron compromisos concretos para evitar la repetición de estos actos, como la implementación de capacitaciones en derechos humanos para las fuerzas del orden.

Este no es un caso aislado. El 8 de marzo de 2024, durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en la capital del estado, elementos de la policía estatal utilizaron gas lacrimógeno contra las manifestantes, afectando a mujeres, niñas y adultos mayores. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, también de Morena, destituyó al subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, José Manuel Zataraín Lizárraga, por ordenar el uso del gas sin justificación aparente. Sin embargo, la mandataria no ofreció disculpas públicas ni se comprometió a la no repetición del hecho. Su postura se limitó a justificar que esa no fue la orden de su gobierno, sin asumir una responsabilidad política clara ni implementar mecanismos efectivos para garantizar que estos abusos no se repitan.

El uso de agentes químicos como el gas pimienta y el gas lacrimógeno está regulado a nivel internacional. La Convención sobre Armas Químicas prohíbe su uso en conflictos armados, aunque permite su empleo por fuerzas del orden en contextos de control de multitudes. No obstante, organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado su uso indiscriminado, especialmente cuando afecta a población vulnerable.

En México, la legalidad del uso de gas pimienta varía según la entidad federativa. En Colima, su uso está permitido tanto para autoridades como, en ciertos casos, para civiles. Sin embargo, su aplicación debe ser proporcional y respetar los derechos humanos, principios que parecen haber sido ignorados en los eventos mencionados.

Resulta profundamente contradictorio que gobiernos emanados de Morena, partido que enarbola principios como el humanismo, la justicia social y la máxima de “prohibido prohibir”, recurran a métodos represivos como el uso de gas pimienta contra su propia población, incluyendo menores de edad y adultos mayores. La represión ejercida en Manzanillo y en la capital del estado exhibe un divorcio entre el discurso oficial y las prácticas de gobierno. Mientras se proclaman defensores de los derechos humanos y del feminismo, las acciones concretas del gobierno estatal y municipal reflejan falta de sensibilidad social y ausencia de una auténtica voluntad democrática. La omisión de compromisos de no repetición y la falta de disculpas públicas no solo revelan negligencia, sino una normalización de la violencia institucional.

*En la fotografía: la alcaldesa de Manzanillo, Rosa María Bayardo y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.