Congelada en la Fiscalía: Denuncia penal contra Indira por enriquecimiento ilícito

Colima, México, Avanzada (02/05/2025).- A 18 meses de que diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la anterior legislatura presentaron una denuncia penal contra la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y tres de sus funcionarios de primer nivel por presunto enriquecimiento ilícito, la querella permanece sin avances visibles en la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

En una revisión hecha por Avanzada en el Poder Judicial del Estado para saber si el asunto ya fue judicializado no se encontró información relacionada con este hecho. Tampoco, algunos de los legisladores promoventes de la querella han sido informado sobre algún avance por parte de la Fiscalía Anticorrupción. 

La denuncia, interpuesta y ratificada el 5 de octubre de 2023, señala a la mandataria estatal,  a la entonces secretaria general de Gobierno, Guadalupe Solís Ramírez, actual alcaldesa de Cuauhtémoc; a Eduardo Jurado Escamilla; y al presidente del DIF estatal, Arnoldo Vizcaíno Silva, de haber adquirido propiedades en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, cuyo valor sería incompatible con sus ingresos en la función pública.

La polémica se intensificó en agosto de 2023, cuando se dio a conocer públicamente que no solo la gobernadora y la  entonces secretaria de Gobierno habían adquirido residencias en Bosque Real, sino también el hermano de la mandataria, el jefe de su despacho y la madre de la directora del DIF estatal y ahora presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo. Las adquisiciones ocurrieron en agosto de 2022, apenas nueve meses después de que asumieran sus respectivos cargos, en un fraccionamiento que pertenece al exrector de la Universidad de Colima, Carlos Salazar Silva.

De acuerdo con la declaración patrimonial de la mandataria estatal Indira Vizcaíno Silva, la residencia que adquirió tiene un valor de 6 millones 653 mil pesos. Pese a los señalamientos y al tiempo transcurrido, hasta la fecha no se ha informado de avances sustanciales en la investigación ni de resoluciones por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.