¿Corrupción transexenal o lo mismo de siempre?

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

Durante los primeros tres años de gobierno de Indira Vizcaíno Silva, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones al uso y destino de 2 mil 321 millones de pesos, por el probable uso irregular de tales recursos provenientes de diversos fondos federales.

La mayor parte de esa cantidad pendiente de aclarar corresponde a partidas destinadas a la seguridad y a la salud; pero sobre todo al rubro de las participaciones federales, también conocidas como de libre disposición y por tanto, sujetas a laxos esquemas de fiscalización.

En los ejercicios 2021, 2022 y 2023, el estado de Colima se mantuvo entre las cinco entidades con un mayor porcentaje de recursos observados por posibles anomalías, respecto al total de los montos fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Tras revisar la cuenta pública de 2021, el máximo órgano fiscalizador del país determinó que el gobierno de Colima debía aclarar el ejercicio de mil 618 millones de pesos. Ese año, se detectaron posibles irregularidades por más de 125 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA). Además, se consignaron anomalías en el uso de mil 111 millones de pesos que llegaron a Colima por Participaciones Federales.

Si bien la gobernanza de la mayor parte de aquel año correspondió al gobierno de Ignacio Peralta Sánchez y por lo tanto, también la responsabilidad del destino de los recursos, la administración de Indira Vizcaíno Silva no ha procedido contra su antecesor para exigir la aclaración de los montos señalados.

En la revisión de la cuenta pública de 2022, la ASF observó probables irregularidades por 387 millones 700 mil pesos al gobierno de Colima. Otra vez aparece el FASSA, con 17 millones 500 pesos pendientes de aclarar; al que se agrega el Programa de Atención a la Salud, dirigido a las personas sin seguridad social, con un posible daño a la hacienda pública por 20 millones de pesos.

De igual forma se determinó en el informe de auditoría de este ejercicio, ya por completo correspondiente a la administración morenista, la obligación de aclarar el uso de 344 millones 700 mil pesos que llegaron a la entidad vía participaciones federales.

Mientras que en el ejercicio 2023, con un pleno control de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva sobre las instituciones locales, la Auditoría Superior de la Federación le requirió aclaraciones por 316 millones de pesos. En este año destaca la aparición, entre los recursos presumiblemente utilizados de forma irregular, de fondos destinados a la seguridad pública.

El informe de auditoría de ese año refiere que el gobierno de Colima debe aclarar el uso de 141 millones 400 mil pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), principalmente por no presentar documentación justificativa, servicios no realizados y conceptos no autorizados.

De igual forma fueron observados en el proceso de fiscalización 18 millones 300 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP); 41 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que estaban destinados a la rehabilitación del parque La Campana; 12 millones 700 mil pesos del FASSA; y más de 86 millones de pesos en participaciones federales.

Las cifras ya de por si reveladoras puede interpretarse desde otra óptica. Por ejemplo puede concluirse que desde que comenzó la administración de Indira Vizcaíno Silva, la Auditoría Superior de la Federación le ha requerido a su gobierno aclaraciones por más de 175 millones de pesos destinados al rubro de salud, uno de los más golpeados en el régimen de la Cuarta Transformación.

Igual de grave resulta que el máximo órgano fiscalizador realizara observaciones al ejercicio de 160 millones de pesos destinados al rubro de seguridad pública, por la posible comisión de irregularidades en su ejercicio, esto solamente en el último año auditado (2023).

Los resultados emitidos por la ASF sugieren un desorden financiero y uso discrecional de los recursos públicos durante el primer tramo de la administración indirista, cuyos funcionarios lejos de corregir el desastre económico heredado por Ignacio Peralta Sánchez, lo han profundizado en áreas fundamentales para la sociedad colimense, como son la salud y la seguridad.

El gobierno actual tendría que explicar el uso de los más de 2 mil millones de pesos señalados por la Auditoría Superior, incluso como un acto de obligado deslinde con la administración pasada, porque de no hacerlo así, se entendería que las dinámicas de opacidad y corrupción son males transexenales, independientemente del partido en el poder.

BREVE HISTORIA PARA CAMILA. Con esta colaboración inauguro una nueva etapa periodística y le agradezco dicha oportunidad a Juan Gabriel Moctezuma. En el presente es muy complicado encontrar espacios para opinar, cuestionar y difundir lo que algunos quisieran que permanezca oculto; aquí se me ha ofrecido el espacio y eso es invaluable, trataré de responder con el rigor y aprecio a la verdad de siempre.