Gobernadora prometió anular contrato: colimenses pagarán hasta 2034 la PTAR

Colima, México, Avanzada (14/04/2025).- A pesar de que el actual gobierno estatal y la dirección de Ciapacov reconocieron públicamente, el 7 de junio de 2023, que el contrato de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Colima y Villa de Álvarez es desventajoso para los ciudadanos, los usuarios seguirán pagando durante los próximos nueve años por una obra que debería estar totalmente saldada el próximo año.

El pasado jueves 10 de abril , el Consejo de Administración de Ciapacov aprobó con 19 votos a favor la firma del séptimo convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios que data del 23 de febrero de 2006, cuando se entregó a la empresa privada TIMSA el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta. Aunque originalmente este contrato tenía una vigencia de 20 años y debía concluir en 2026, en 2011 fue modificado para extenderse hasta 2041. Ahora, con este nuevo ajuste, se establece que el compromiso financiero se extenderá hasta 2034, es decir, 8 años después de que el crédito debió haberse liquidado.

Durante la sesión del Consejo del pasado 10 de abril, se presentó como “un logro” que el nuevo acuerdo implique un ahorro de poco más de mil millones de pesos, al reducir el periodo de pago del contrato anterior y fijar en aproximadamente 600 millones de pesos el monto que aún deberán cubrir los usuarios únicamente por concepto de construcción (Tarifa 1). Sin embargo, el convenio mantiene intacto el peso financiero para los habitantes de la zona conurbada, quienes continuarán pagando por una infraestructura entregada hace 17 años.

Este escenario contrasta con las declaraciones hechas el 7 de junio de 2023 por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien anunció que su administración, junto con el entonces consejero jurídico Roberto Rubio y el director de Ciapacov, Vladimir Parra, iniciarían juicios para anular el contrato. La mandataria calificó de “abusivas e irregulares” las condiciones del mismo, y aseguró que no se tolerarían acuerdos que lesionen el patrimonio de los colimenses.

No obstante, con este nuevo convenio modificatorio se evidencia que el gobierno del Estado y Ciapacov no lograron echar abajo el contrato, y en su lugar se optó por renegociar con la empresa TIMSA. Así, lejos de cumplir con el compromiso de cancelar un acuerdo “leonino”, el gobierno terminó modificándolo parcialmente, sin sancionar a quienes participaron en la autorización de las condiciones que ampliaron del 2026 al 2041 la extensión.

Cabe recordar que fue el Congreso del Estado el que, en agosto de 2011, aprobó la ampliación del contrato original hasta el 2041, bajo el argumento de que Ciapacov enfrentaba una mala situación financiera. Pese a que tanto el Gobierno del Estado como la actual administración del organismo han reconocido las irregularidades de ese proceso, no se han emprendido acciones legales o administrativas contra los funcionarios y diputados que avalaron dicha ampliación.

El resultado de esta serie de decisiones y omisiones es que los ciudadanos de Colima y Villa de Álvarez seguirán absorbiendo los costos de un contrato que ha sido señalado  por el actual gobierno como lesivo, sin que hasta el momento exista claridad sobre sanciones o mecanismos efectivos para revertir las afectaciones económicas a los usuarios.