Colima, México, Avanzada (08/04/2025).- Varios de los candidatos a magistrados al Tribunal de Disciplina Judicial y al Tribunal Superior de Justicia tienen resultados poco favorables en sus empleos anteriores o en los que actualmente desempeñan. Algunos presiden o presidieron las dependencias que han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el Órgano Superior de Fiscalización en el estado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Mientras que otros no lograron llevar ante la justicia a funcionarios acusados de corrupción. A pesar de estos antecedentes, sus nombres figuran en la lista de aspirantes a una magistratura en el estado.
Uno de los casos es el de Aida Pamela Caldera Caldera, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Bajo su administración, la ASF detectó presuntas irregularidades por 141.4 millones correspondientes a 2023.
En ese año, Colima recibió 233.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo que significa que el 60 % de esos recursos no tienen justificación documental, según la auditoría. Entre las presuntas irregularidades destacan la renta de 152 patrullas por más de 112 millones de pesos sin comprobar que cumplían con los requisitos del contrato, así como compras sin respaldo de uniformes, equipo tecnológico, insumos médicos y de laboratorio.
También en la lista de aspirantes se encuentra Sabino Hermilo Flores, extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC). Durante su gestión, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) detectó irregularidades en el manejo de recursos y presentó cinco denuncias penales relacionadas con la fiscalización de las cuentas públicas de 2018 y 2019. Hasta la fecha, dichas denuncias no han sido dictaminadas ni se ha informado sobre avances en su resolución.
También se encuentra Mario Ochoa, quien hasta el 5 de septiembre de 2024 ocupó el cargo de fiscal Anticorrupción de Colima. Durante su gestión, no logró obtener sanciones contra Carlos Noriega, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, quien logró un acuerdo económico para evitar castigos legales, a pesar de las acusaciones por posible desvío de recursos.
A la lista se suma Carmen Virgen Quiles, quien en 2019 estuvo involucrada en un accidente trágico. Un camión de la ruta Comala-Suchitlán, del cual era apoderada legal, se volcó, causando la muerte de seis personas. En febrero de 2022, familiares de Manuela Carrillo Flores, una de las víctimas, protestaron afuera del Congreso del Estado exigiendo el pago de las indemnizaciones, ya que aún no habían recibido ninguna compensación.