EDITORIAL: Teuchitlán, se prepara una nueva “verdad histórica”

Este jueves 20 de marzo brotaron indicios de que en el caso del campo de exterminio descubierto en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, el gobierno prepara una nueva “verdad histórica” para tratar de tapar la realidad, como ocurrió hace más de diez años con el asunto de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Uno de elementos que dejan entrever la pretensión gubernamental de ocultar la gravedad de lo que ocurría en ese rancho es la alteración de la escena del crimen, como lo denunciaron las familias buscadoras que se dieron cuenta de que las cosas ya no están igual que cuando fue descubierto el lugar hace menos de dos semanas.

Inicialmente, en el sitio había cientos de prendas como zapatos, ropa, mochilas y otros artículos presuntamente pertenecientes a personas desaparecidas, así como fosas clandestinas, hornos crematorios artesanales y objetos que evidenciaban se era un campo de reclutamiento y entrenamiento forzoso de un cártel del narcotráfico.

Sin embargo, este día que entraron al lugar familiares de personas desaparecidas se encontraron con la sorpresa de que todo fue movido de su ubicación original y las fosas, por ejemplo, ya no eran perceptibles porque el terreno fue “aplanado”, por lo que la escena parece más “un museo” que un campo de exterminio, pues de acuerdo con la buscadora Patricia Sotelo el rancho fue “pintado, arreglado y barrido”, lo que “es un circo, una burla para nuestro dolor”.

Además, fue muy indignante el trato que recibieron ese día las familias buscadoras de diversos estados del país, que acudieron al rancho junto con periodistas, tras la invitación que hizo el propio titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

En primera instancia, las mantuvieron mucho tiempo esperando bajo el sol, hasta que desesperadas, las buscadoras avanzaron y presionaron para que se les permitiera el acceso, pero una vez adentro, además de encontrar alterada la escena, ni siquiera fueron atendidas formalmente por fiscal general de la República o el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

En realidad, la manera como han actuado las autoridades federales y estatales ante este caso evidencia un interés de mantener los hechos en la opacidad, más que esclarecer y transparentar lo ocurrido.

Esta actitud de las instancias gubernamentales constituye un factor más de revictimización contra los familiares de las personas desaparecidas, que han visto en el hallazgo de ese campo de exterminio una espera de al menos conocer el paradero de los restos de sus, hijos, hermanos, padres u otros.

Tal parece que las autoridades están más preocupadas por desarticular cualquier indicio que confirme que ahí era un campo de exterminio que por lograr un esclarecimiento total de la situación. Y a esta lógica podría responder la presunta pretensión de fabricar una nueva “verdad histórica”.