Es grave la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) de impedir la presencia de integrantes de familias buscadoras de personas desaparecidas durante las diligencias e investigaciones en torno al hallazgo del campo de exterminio y reclutamiento forzado en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco.
Lo primero que habría que preguntarse ante la postura de la FGR es ¿qué pretende ocultar el gobierno en Teuchitlán? Ya empezaron a surgir conjeturas en el sentido de que, en sintonía con la actitud del gobierno priista de Enrique Peña Nieto ante el caso Ayotzinapa, ahora las autoridades de la 4T se proponen fabricar su propia “verdad histórica” para tratar de tapar el horror con un dedo.
Ante la negativa del titular de la FGR, Alejandro GertzManero, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la consideración de que se les están violando sus derechos como víctimas.
Sin embargo, muy poco o nada se puede esperar de ese organismo, tomando en cuenta que es presidido por Rosario Piedra, quien ha demostrado ser una incondicional del gobierno, aunque de cualquier forma es importante que la sociedad recurra a las instituciones públicas y que sean éstas las que evidencien realmente de qué lado están.
En su reclamo por que se les permita estar presentes durante las diligencias de la FGR, el grupo de familias buscadoras advirtió: “Nosotros hicimos el trabajo que le correspondería hacer al gobierno de Jalisco y ahora resulta que les incomodamos, no aceptaremos ya más simulación por parte del gobierno. Ya empezamos mal, Alejandro Gertz Manero, ya no soportamos tanta indolencia, falta de empatía y arrogancia gubernamentales, ¡ya basta!”.
Y tienen razón. Resulta brutalmente absurdo que habiendo sido quienes descubrieron ese campo de exterminio meses después de que el rancho había sido asegurado y supuestamente inspeccionado por las autoridades, ahora la FGR intente hacer a un lado a los familiares de las víctimas.
Es una verdad incontrovertible que en la búsqueda de las personas desaparecidas la sociedad ha rebasado a los gobiernos en todos sus niveles. El caso de este campo de exterminio es sólo un ejemplo, pero es una historia que se ha repetido, en diferentes dimensiones y momentos, en muchas regiones del país. En realidad, los familiares de las víctimas han realizado el trabajo que le corresponde a las autoridades.
“¡Las madres, buscando, y el gobierno simulando!”, coreaban el sábado 15 frente a la casa de Gobierno de Colima quienes participaron en la vigilia por Teuchitlán. Y el inmueble oficial, aparentemente abandonado, permaneció mudo, con sus puertas y ventanas cerradas, sin que su residente principal o algún portavoz se dignara salir a atender al grupo de manifestantes.
Así como ocurrió en Colima, ha sido en todo el país. Las autoridades volteando hacia otro lado, cerrando sus ojos y oídos ante las demandas de las familias de las personas desaparecidas. ¿Con qué autoridad moral se atreven ahora en Teuchitlán a hacer a un lado a los familiares?