EDITORIAL
A más de seis años de que se establecieron en el país los principales programas sociales existentes en la actualidad, anunciados como una manera de combatir las causas de la violencia, el fracaso de esta estrategia implementada por el régimen de la llamada Cuarta Transformación es evidente y la propia información oficial lo confirma.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más mortífero de la historia reciente, con un saldo total de 199 mil 619 asesinatos, una cantidad muy superior a la que se registró en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 156 mil 066 víctimas, y Felipe calderón Hinojosa, cuando fueron privadas de la vida 120 mil 463 personas.
Por otra parte, según los datos más recientes del Inegi, durante el primer semestre de 2024 (último año del gobierno de López Obrador), los homicidios fueron la principal causa de muerte en jóvenes, con 10 mil 917 víctimas. Los más afectados fueron los de 25 a 34 años, seguidos por los de 15 a 24.
Estos números, junto con las detenciones de jóvenes por delitos de narcomenudeo y otras expresiones del crimen organizado, revelan el fracaso de programas sociales como el denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, que no ha surtido los efectos anunciados y esperados.
Este programa consiste en la entrega de un monto equivalente al salario mínimo mensual a jóvenes de entre 18 y 29 años que se inscriban para aprender un oficio, con el propósito de atacar de raíz el problema que convierte a los jóvenes que no estudian ni trabajan en un objetivo vulnerable para el reclutamiento de las organizaciones criminales.
En uno de los últimos años del gobierno de AMLO, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró: “Ahora ya se atienden las causas estructurales de la violencia. Gracias a los programas sociales, los jóvenes ya no son reclutados por el narco”.
Sin embargo, de acuerdo con diagnósticos realizados por organizaciones sociales en México en la actualidad los jóvenes todavía enfrentan un alto riesgo de estar vinculados con homicidios, ya sea como víctimas o perpetradores, debido a diversos factores sociales, económicos y de seguridad.
“Entre las causas principales se encuentra la falta de oportunidades educativas y laborales, que orilla a muchos jóvenes a involucrarse en actividades delictivas o con el crimen organizado. Estos grupos reclutan principalmente a hombres, quienes son utilizados en actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsiones y otros delitos violentos”.
Un ejemplo muy claro y doloroso de la actualidad es el caso del campo de exterminio del rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, que era utilizado para el reclutamiento forzado y entrenamiento criminal de jóvenes que eran atraídos con engaños de atractivas ofertas de empleo.
Conforme a diversos estudios, la violencia generalizada también impacta a jóvenes en entornos vulnerables, donde la falta de programas de prevención y apoyo comunitario aumenta su exposición al peligro. De igual forma, la lucha entre grupos criminales por el control de territorios eleva el riesgo de homicidios, tanto en áreas urbanas como rurales.
Ante una realidad lacerante que no ha cambiado, sería necesario que las autoridades revisen concienzudamente las estrategias, pues es un hecho que los programas sociales por sí solos no van a acabar con las causas estructurales de la violencia. Hasta ahora el mayor efecto visible de estos programas ha sido de carácter político, al incrementar los niveles de popularidad y aprobación gubernamental.
Si va en serio el propósito de atacar de raíz las causas de la violencia, tal vez lo que se requiere es elaborar de manera multidisciplinaria un plan integral que tome en cuenta diversos aspectos, en el que además de las instituciones públicas se promueva la participación de la sociedad, a través de las organizaciones civiles y de los ciudadanos en lo particular.