Con permiso para matar, en los campos de exterminio en Colima

Editorial

El descubrimiento de un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco —a una hora de Guadalajara— estremeció todos los rincones de México y más allá de las fronteras.

Son impactantes las narraciones de la manera como operaba ese lugar para el reclutamiento de jóvenes que eran atraídos con engañosas ofertas de empleo, donde los sometían a ejercicios forzados y a quienes no resistían los asesinaban y desaparecían sus cuerpos en hornos crematorios.

No es descartable que situaciones como esa hayan ocurrido en Colima, pero aquí las autoridades se han encargado de ocultar la información. El caso más sospechoso en ese sentido es el del hallazgo, hace más de un año, de una gran cantidad de cuerpos y restos humanos en un predio de la comunidad Agua de la Virgen en el municipio de Ixtlahuacán, lo que fue manejado con gran sigilo por parte de las autoridades que intervinieron el lugar.

El tema se conoció hasta que Avanzada reportó que en el sitio habían exhumado 170 cadáveres, sin embargo, no hubo información oficial, tanto la gobernadora como la Fiscalía de Colima indicaron que era una investigación federal, y no habían sido enterados del tema, inaudito. No se permitió el acceso ni siquiera a las organizaciones de familiares de personas desaparecidas que trataron de llegar hasta ese lugar. Todo se manejó con opacidad.

¿Qué ocultaron? ¿El lugar era también un campo de exterminio y entrenamiento del narcotráfico? ¿Qué información dejaron en la oscuridad? Lo que realmente pasó quedó como uno de los grandes misterios de esa región. El problema radica en que, en Colima existen organizaciones criminales que tienen la capacidad de asesinar a cientos de personas con total impunidad, peor aún, al no aprehender a los culpables, la violencia continúa. Y el mensaje que las autoridades envían a la delincuencia es: en Colima se permite matar.

Además, existen otros sitios que, por el número de cuerpos encontrados, también pudieron haber funcionado como campos de exterminio, como el caso de las fosas clandestinas descubiertas en un predio de la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán, donde fueron exhumados los cuerpos y restos de 73 personas, y los hallazgos realizados en un predio de la comunidad Cerro de Ortega, en los límites con el estado de Michoacán, cuando fueron encontrados más de noventa cuerpos.

No obstante, independientemente de cómo se les denomine a estos sitios, el hecho de que sigan apareciendo grandes cementerios clandestinos es solo una muestra de la degradación del sistema de procuración de justicia que se traduce en impunidad para los cárteles que operan en el estado.

Mientras tanto, las autoridades e instituciones cuando no están coludidas con la delincuencia son omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades, frente a una sociedad que no vigila, no fiscaliza, no participa ni exige lo suficiente a los gobernantes para lograr y merecer una verdadera construcción de la paz.

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