Colima, México, Avanzada (11/03/2025).- A propuesta de la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, los integrantes del Poder Legislativo en el estado aprobaron que los diez municipios puedan contratar deuda pública con instituciones bancarias cuando lo consideren necesario y sin necesidad de informarle al Congreso local debido a que este Poder ya autorizó la petición.
En el decreto aprobado se establece que el monto total al que podrán aspirar los 10 municipios es de 857 millones de pesos, de los cuáles, Manzanillo es el que se podrá llevar la mayor cantidad pues su tope de endeudamiento autorizado por el Congreso es de 245 millones 529 mil pesos.
Según lo aprobado, para poder pagar serán afectados los ingresos de participaciones federales y otros fondos que reciben anualmente. La propuesta provino del Poder Ejecutivo estatal y permitirá a los ayuntamientos endeudarse con total discrecionalidad y sin enterar a los ciudadanos.
El decreto aprobado señala que los recursos serán destinados a infraestructura social en zonas marginadas, especialmente en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y servicios básicos en salud y educación. Sin embargo, la autorización no establece mecanismos claros de supervisión sobre el uso de los recursos, lo que abre la puerta a su manejo discrecional.
El municipio que podrá contratar la mayor cantidad de deuda es Manzanillo, con hasta 245 millones 529 mil pesos, seguido de Colima, con 155 millones 411 mil pesos, y Tecomán, con 138 millones 284 mil pesos. Otros municipios también podrán endeudarse: Villa de Álvarez (94 millones), Comala (44 millones), Armería (42 millones), Coquimatlán (35 millones), Cuauhtémoc (35 millones), Minatitlán (34 millones) e Ixtlahuacán (32 millones).
Estos empréstitos podrán contratarse durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, pero deberán liquidarse antes del 1 de octubre de 2027, fecha en que concluyen las administraciones municipales que los adquieran. El pago de estos créditos se cubrirá con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, comprometiendo así ingresos futuros de los municipios.
A pesar de que la justificación oficial es mejorar la infraestructura en zonas marginadas, el manejo de los empréstitos en Colima ha sido históricamente discrecional, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.