Colima, México, Avanzada (10/03/2025).- Mientras en Colima se impulsa una reforma judicial bajo el argumento de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que la ciudadanía tiene una confianza del 61.9 por ciento en los jueces del estado. A pesar de ello, estos serán removidos de sus cargos debido a las modificaciones aprobadas por los diputados locales, sin que se haya considerado la petición de los integrantes del Poder Judicial de analizar cada caso y garantizar el servicio civil de carrera.
De acuerdo con el documento “Estadísticas a Propósito del Día de las Personas Juzgadoras”, publicado por el INEGI, la confianza en los jueces en Colima es superior a la de muchas otras instituciones, incluyendo representantes populares, funcionarios estatales, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Además, la entidad supera la media nacional en este indicador, pues en el país el 60.5 por ciento de la población mayor de 18 años confía en los jueces.
El informe también señala que Colima cuenta con una tasa de 6.1 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, lo que coloca al estado en el sexto lugar nacional en este aspecto. Del total del personal jurisdiccional, el 43.5 por ciento está dedicado al área civil y mercantil, el 37 por ciento a la materia penal y de justicia para adolescentes, el 10.9 por ciento al área familiar y el 6.5 por ciento a la materia laboral.
A nivel nacional, los órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia recibieron un total de 2 millones 281 mil 806 asuntos en 2023, de los cuales el 41 por ciento correspondió a la materia familiar y el 11.2 por ciento a temas penales y de justicia penal para adolescentes.
A pesar de estos indicadores, la reforma judicial promovida por el Congreso local contempla la remoción de jueces y magistrados, lo que ha generado preocupación entre los integrantes del Poder Judicial. Antes de la aprobación de la reforma, los jueces solicitaron a los legisladores analizar cada caso y respetar el servicio civil de carrera que les ha permitido profesionalizarse en su labor. Sin embargo, sus peticiones fue ignorada ignoradas en el Poder Legislativo.