Los conflictos de interés en las próximas elecciones judiciales 

ESTRICTO DERECHO

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define al conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos debido a intereses personales, familiares o de negocios.

En el caso de las elecciones judiciales federales, cuyo proceso de selección de candidaturas está por concluir, el exsenador Roberto Gil Zuarth presentó una queja en contra de Arturo Zaldívar, actual Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, quien integró el Comité de Evaluación del Ejecutivo Federal, alegando que incluyo 18 funcionarios judiciales que fueron sus subordinados en la lista de personas consideradas idóneas correspondiente a dicho poder.

Al parecer, Zaldívar se despachó con la cuchara grande, dejando fuera a perfiles identificados con el oficialismo, para colocar a sus incondicionales en dichas posiciones, a efecto de tener el control del Poder Judicial Federal una vez realizadas las elecciones. Veremos en qué termina este señalamiento, aunque seguramente la Presidenta exonerará de toda responsabilidad a su colaborador.

A diferencia del ámbito federal, en Colima apenas inició este proceso de selección; del 1 al 7 de febrero fue el plazo para las inscripciones de quienes tienen interés en ser postulados para alguna de estas candidaturas en lo local. Una vez concluido, el pasado fin de semana se publicaron las listas de aspirantes registrados ante los comités de evaluación de los tres poderes del Estado.

De inicio, se confirma que la reforma judicial no está teniendo el éxito que esperaban. Los poderes estatales ni siquiera tuvieron el suficiente poder de convocatoria; esperaban que el gremio jurídico respondiera copiosamente, y no fue así. Ni siquiera se alcanzó el número mínimo de aspirantes que la Constitución señala. Algo es claro: la ciudadanía no se está creyendo el cuento…

Según lo reportado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado, ante dicho poder se inscribieron 39 personas para los juzgados de primera instancia, 20 para las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, y 16 para el Tribunal de Disciplina Judicial; 75 aspirantes en total, siendo este el Comité que registró un mayor número de aspirantes.

Ante el Comité de Evaluación del Legislativo local se inscribieron 40 personas para el cargo de juez de primera instancia; 18 para las magistraturas del Tribunal Superior, y 15 para el Tribunal de Disciplina. Por último, ante el Comité de Evaluación del Ejecutivo estatal, integrado casi en su totalidad por empleados de la gobernadora, se reportó que, en general, se habían inscrito un total de 55 personas.

Si la sociedad no confía en este proceso amañado, menos confía en el Comité creado por la gobernadora, quien se ha caracterizado por excluir a quienes no son parte de su grupo de incondicionales. No tiene caso invertir tiempo y dinero en inscribirse ante un comité que, de antemano, obedecerá lo que le instruyan.

Adicionalmente, tenemos que, según dispone la Constitución local, cada poder debe postular 3 candidaturas por cada magistratura y 2 por cada juzgado; si elegiremos 15 magistraturas (10 del Tribunal Superior y 5 del Tribunal de Disciplina) y 31 juzgados, se obtiene que era necesario un mínimo de 107 aspirantes por cada uno de los poderes, a los que se sumarían los funcionarios judiciales que, en su caso, decidan competir por el espacio que ahora ocupan.

Si cada poder necesitaba que se inscribieran cuando menos 107 personas, y el que más cerca estuvo fue el comité del Judicial, que registró a 75 (le faltaron 42 para el mínimo), está claro que las elecciones judiciales estatales van camino de ser un rotundo fracaso: de inicio, ni siquiera van a poder postular el número de candidaturas que la ley exige. Y ojo, las listas que se publicaron son de aspirantes; viene un primer filtro, en el que se determinará quiénes cumplieron los requisitos para el cargo, lo que disminuirá su número; y después la determinación de idoneidad, cuando se definirá quiénes tendrán un lugar en la boleta. Si desde ahora es insuficiente el número, al finalizar la depuración quedarán solamente unos cuantos que hayan sido palomeados por la gobernadora…

Por si fuera poco, los conflictos de interés que mencionamos también disminuirán el número de aspirantes, si es que les queda algo de decencia y, sobre todo, si aún tienen un poco de respeto por la ley. De lo contrario, terminarán de viciar el proceso de selección, lo que generará una grave crisis de legitimidad a quienes emanen del mismo.

Hagamos una revisión de quienes aparecen en las listas de aspirantes, para explicar por qué hay conflictos de interés; aclaro que es una revisión preliminar, dado que solo se difundieron nombres, sin hacer pública la documentación aportada por cada aspirante. Empero, el incumplimiento de la obligación de transparencia, así como del principio de máxima publicidad, quedará impune, porque las dos comisionadas del INFOCOL, a quienes les correspondería atender cualquier señalamiento al respecto, forman parte de los comités de evaluación, lo cual compromete su imparcialidad e, incluso, desacredita al Instituto para el cual laboran.

El primer conflicto de interés tiene que ver con dos hermanos, hijos de un magistrado del Tribunal Superior, quienes buscan ser postulados al cargo de juez. Su papá forma parte del Pleno del Tribunal, su papá asistió y votó en la sesión en la que fue elegido el Comité de Evaluación, y luego sus dos hijos se inscriben para ser seleccionados como candidatos (no uno, los dos, para asegurar al menos un espacio para la familia). Aparte, el papá magistrado también se postuló y será candidato para una magistratura federal. ¿De qué se trata? Ojalá los comités actúen apegados a derecho, y no hagan, ni devuelvan favores.

También en el Poder Judicial, hay algunas magistraturas que quieren ‘heredarle’ el cargo a sus colaboradores y, peor aún, hay otras que quieren seguir en el cargo y, además, están impulsando a sus empleados para incrementar su influencia en el Tribunal Superior. No debería ser así.

Al interior del Poder Judicial existe otro caso muy relevante: la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior quien, valga decirlo, forma parte del Pleno. Durante este procedimiento, el Tribunal Superior estará tomando un gran número de decisiones y, en última instancia, tiene que validar la lista de candidaturas que postulará dicho poder en la próxima elección judicial. En todas esas decisiones, la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior estará presente en las sesiones respectivas, dará fe de lo que acontezca en dichas sesiones y, al mismo tiempo, estará sosteniendo su aspiración de ser jueza.

En el Legislativo no cantan mal las rancheras. El Congreso mandó a casi todo su equipo jurídico a que se inscribieran, asegurándoles que tendrían candidatura. Para disimular un poco, los inscribieron en los comités del Ejecutivo y del Judicial. Sin embargo, son funcionarios de primer nivel. Está el caso de la Secretaría General del Congreso, quien ha estado participando en este tema desde cuando se hizo la reforma a la Constitución local, así como en la designación de quienes integran el Comité de Evaluación del Legislativo, ha estado recibiendo registros de otros aspirantes y, adicionalmente, también está participando para quedar de candidata, siendo que está presente e interviene activamente en la toma de decisiones por parte del Congreso estatal, metiendo mano en todo lo que puede.

El Director de Proceso Legislativo y el Secretario Técnico de la Secretaría General del Congreso se encuentran en la misma hipótesis. Estamos hablando de personal que, por los cargos que ocupan, conocen este tema de primera mano y ha tenido acceso a información privilegiada. Ellos asesoran a los diputados y les indican qué hacer en cada paso que dan, y ahora cobrarán estos favores con la entrega de la candidatura respectiva. Por un mínimo de decencia, lo menos que deberían hacer, durante todo este tiempo, es solicitar licencia, porque sus superiores directos son quienes toman decisiones en este procedimiento de selección de candidaturas, y no es válido que, al mismo tiempo, sean juez y parte.

En el ámbito del Ejecutivo, está el caso del Director General de Gobierno. Su subordinada es una de las integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Además, todo lo que se publica en el Periódico Oficial en relación con estas elecciones pasa primero por sus manos. Toda esa información privilegiada él la conoce antes que nadie y, sin embargo, también quiere que lo postulen como candidato.

Que quede claro: todos los mencionados tienen derecho a participar. Sin embargo, en situaciones como las señaladas, lo menos que pueden hacer es solicitar licencia al cargo durante todo el periodo respectivo. Si no, están contaminando aún más el procedimiento.

Finalmente, la joya de la corona: la pareja sentimental del magistrado presidente del Tribunal Electoral local. La instancia jurisdiccional que resolverá las impugnaciones relacionadas con este proceso electoral en Colima. Su presidente tendrá comprometido su criterio. No solo cuando esta abogada promueva algo, si no en cualquier impugnación relacionada con estas elecciones judiciales, porque podrá aprovecharla para limpiarle el camino a su pareja. Lamentable el escenario que se presenta de entrada. Ojalá se corrija. Es cuánto.

OTROSÍ 1. Este jueves 13 de febrero se viene un encontronazo entre la Sala Superior del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta última resolverá una controversia en la que, según el proyecto que ha circulado, viene una fuerte llamada de atención para la Sala Superior, que ya salió al quite, al proponer los tres magistrados que integran la mayoría oficialista que cuatro ministros, incluida la presidenta, no conozcan de este asunto.

OTROSÍ 2. Un caso trágico ha sucedido en el estado de Morelos. Sobre el exgobernador y ahora diputado federal Cuauhtémoc Blanco pesa una grave imputación, relacionada con un delito sexual, cometido en agravio de una familiar directa. Debido a ello, se solicitó que la Cámara de Diputados le retirara el fuero, para que sea enjuiciado penalmente. No obstante, la presidenta con A, la que dijo que con ella llegaban todas, parece que dejó en el camino a esta mujer víctima porque, en lugar de castigar al delincuente, como respuesta oficialista, ordenó remover al fiscal estatal. Qué mensaje tan terrible para la ciudadanía: “Si formas parte del grupo en el poder, no importan las faltas o delitos que cometas, Morena te purifica y no permite que te alcance la justicia”. ¡Aquí prevalece la impunidad!