La intolerable alianza del gobierno de México con los cárteles de la droga 

ESTRICTO DERECHO

El 1º de febrero de 2025, la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, hizo público que el presidente Trump acababa de imponer aranceles a las importaciones de Canadá, México y China. En el comunicado se justificó esta medida, destacando que Estados Unidos está bajo amenaza, porque tanto los extranjeros que se encuentran ilegalmente en su territorio como las drogas, principalmente el fentanilo, representan una situación de emergencia, y la manera de remediar esta crisis es la imposición de aranceles, que serán del 25% para las importaciones provenientes de México.

¿Qué es un arancel? Es un impuesto adicional que debe pagar, en este caso, quien importa bienes del extranjero. Un producto mexicano que cueste 100 dólares, con elarancel del 25% costaría 125 dólares para los consumidores estadounidenses. Aunque les perjudicaríaprimero a ellos, también afectaría a productores mexicanos y, en general, a nuestra economía. 

Este comunicado incluyó la frase que da título a esta colaboración, haciendo esta demoledora acusación. No existe registro de que el gobierno estadounidense haya hecho previamente un señalamiento tan grave contra nuestro país. Que quede claro: nadie está atacando México o a los mexicanos (para que no se agravie quien no debe); el comunicado es contundente: quien está coludido con las organizaciones de narcotraficantes es el gobierno mexicano. 

Y ojo, tampoco se confundan: se refiere al gobierno actual, no a Calderón, ni a los neoliberales, ni a Zedillo; la imputación es al actual gobierno mexicano, al que los estadounidenses le atribuyen coadyuvar con los cárteles para que fabriquen y transporten narcóticos que han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses. 

Así, señalan que esta alianza entre el gobierno de México y el narco pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos; como ellos tienen el deber de erradicar estos cárteles, consideran que la mejor manera de hacerlo es imponiendo aranceles, que colocan a nuestra economía en una situación particularmente difícil, dado que el intercambio comercial de México con Estados Unidos representa el 73% de nuestro Producto Interno Bruto. 

Siguiendo una retórica similar a la del oficialismo en México, el gobierno estadounidense indicó que estas acciones son porque el pueblo así lo decidió al elegir a su presidente; al votar por él, el pueblo le dio el mandato de garantizarles su seguridad, de ahí que Trump cuente contodas las facultades para lograr este propósito. 

Ante el anuncio de aranceles, las consecuencias económicas se sintieron inmediatamente, con el repunte del dólar en el mercado cambiario, lo que hizo necesario que, ese mismo día, la presidenta Sheinbaum rechazara categóricamente la acusación: dijo que era una calumnia que la Casa Blanca dijera que el gobierno mexicano tiene alianzas con organizaciones criminales, que advertíaintenciones injerencistas.

Resaltó que Estados Unidos tendría que voltear a ver a sus armerías que venden armas de alto poder a losgrupos criminales, lo cual es cierto; sin embargo, lo que no nos explicamos es cómo logran entrar esas armas al territorio mexicano, cuando se supone que las fuerzas armadas tienen el control de las aduanas mexicanas y revisan todo lo que ingresa del exterior. 

Agregó Sheinbaum que han asegurado más de 40 toneladas de droga, entre ellas 20 millones de dosis de fentanilo (López Obrador había dicho que aquí no se producía, pero Claudia comprobó que sí) y que han detenido a más de diez mil personas vinculadas con grupos criminales. Les reviró a los estadounidenses diciéndoles que deberían combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, así como el lavado de dinero generado por esta actividad ilegal. También les presumió el trabajo que supuestamente ha hecho México con sus jóvenes (aunque cada vez son asesinados o desaparecidos en mayor número). 

La presidenta pidió que se establecieran mesas de trabajo, porque imponer aranceles no resuelve los problemas; si no, implementaría un plan B que incluyemedidas arancelarias y no arancelarias. Cerró su alocución recordando a Juárez con la frase: “nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”, lo cual es particularmente curioso, dado que internamente el régimen ha hecho todo lo contrario, actuando de manera ilegal y arbitraria, reformando la Constitución a su antojo, para adaptarla a sus intereses.

Aparte del nacionalismo exacerbado y de los falsos patriotas surgidos a raíz de estos hechos, lo que llama la atención es que, ante la gravísima acusación de que tenemos un narcogobierno, la respuesta de México nunca siguió los cauces institucionales: no hubo una nota diplomática por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que se hiciera un extrañamiento al gobierno estadounidense; no se convocó a quien está al frente de la embajada estadounidense en México para externarle el profundo malestar del gobierno mexicano por esta declaración tan ofensiva; tampoco se llamó a consultas al embajador mexicano en Washington. Incluso, si fuera necesario, se llega al extremo de amenazar conromper relaciones diplomáticas, ante la no rectificación por parte del gobierno estadounidense. 

Nada hubo, ni siquiera les pidió pruebas la presidenta, como acostumbra a hacerlo cuando le señalan algún yerro. Es lamentable que México se quede con este calificativo porque, aun cuando ya nadie quiere tocar el tema, la acusación ahí sigue: quien entre a la página de internet de la Casa Blanca encontrará rápidamente el comunicado que contiene esta grave acusación.

El pasado lunes 03 de febrero, Sheinbaum y Trump conversaron vía telefónica y, al parecer, de forma transitoria, quedó solucionado el problema de los aranceles. Empero, hay que revisar las comunicaciones de ambos gobiernos, porque parece que llegaron a conclusiones distintas. 

La presidenta mexicana dio un mensaje optimista, en el que señaló los compromisos asumidos por México, y también refirió un supuesto compromiso por parte de Estados Unidos, relacionado con el tráfico de armas. Simultáneamente, el presidente Trump solo se refirió a los compromisos asumidos por el gobierno mexicano, sin mencionar la obligación de evitar el tráfico de armas de alto poder a nuestro país, supuestamente asumida porEstados Unidos. Lo que sí destacó fueron los diez mil elementos de la Guardia Nacional que estarán evitando, de manera permanente, la migración ilegal y el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, hacia los Estados Unidos (con los costos que una acción de esa naturaleza implica).

Adicionalmente, se difundió que, con la anuencia del gobierno mexicano, diversos aviones y embarcaciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas estadounidenses han estado sobrevolando y navegando en aguas mexicanas, realizando tareas de carácter militar. Tal parece que hubo más compromisos que no se han hecho públicos, aun cuando es absolutamente necesario que se conozcan todas las obligaciones asumidas por nuestro país. Tengamos presente, como lo dijo el propio Trump, que este acuerdo es temporal: el gobierno mexicano está a prueba. La presidenta Sheinbaum tendrá examen en un mes; si los servicios que le está prestando a Estados Unidos no son eficientes, se aplicarán los aranceles. Es cuanto.

OTROSÍ 1. El juicio relativo a la revocación del mandatode Indira Vizcaíno ya está en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata del expediente JDC602/2025, el cual fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Invito a la ciudadanía colimense interesada en el tema a que le hagan llegar sus opiniones al magistrado mediante su cuenta en la red social X: @ReyesRdzM. En Colima queremos ejercer este derecho ciudadano reconocido en las Constituciones federal y local. 

OTROSÍ 2. Ya se instaló el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo que seleccionará las candidaturas que participarán en la elección judicial local. Como lo habíamos adelantado, es más de lo mismo: puros soldados (y soldadas) del régimen. Aunque sostienen que el pueblo es quien elegirá a los juzgadores, será la gobernadora quien designe las candidaturas respectivas. Entre las cinco personas que conforman dicho Comité, están: la titular del Instituto Colimense de las Mujeres, el subsecretario de Administración, la actual encargada de la Consejería Jurídica y una jefa de departamento de la Secretaría General de Gobierno, además del notario público número tres de esta demarcación. De sus cinco integrantes, cuatro son subordinados de Indira Vizcaíno. Con esto queda claro quien decidirá, vía dedazo, las candidaturas mencionadas. 

OTROSÍ 3. Hablando de juicios electorales, está en trámite el expediente JE-01/2025, ante el Tribunal Electoral local, promovido por el Instituto Electoral del Estado contra el Congreso y la gobernadora, para impugnar el presupuesto que le asignaron para este año.Sin contemplar las elecciones judiciales, el Instituto había solicitado más de ciento siete millones de pesos; el Congreso y la gobernadora les autorizaron casi sesenta y tres millones de pesos, de los que solo ejercerán veinte millones, porque el resto es para los partidos políticos. ¿Cómo se van a costear las elecciones judiciales? No lo sabemos. Pero si hay dinero para elegir jueces, también debe haber para la revocación de mandato de Indira Vizcaíno.