Coahuayula, pueblo michoacano bajo el asedio del crimen organizado

Colima, México, Avanzada (28/01/2025).-Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que los habitantes de la comunidad de Coahuayula, perteneciente al municipio de Chinicuila, Michoacán, se encuentran bajo el asedio de grupos del crimen organizado.

Mediante una acción urgente, la Red Solidaria de Derechos Humanos A.C. y la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” solicitaron la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como otras autoridades federales y estatales.

Indicaron que los grupos delictivos han realizado el bloqueo de caminos y accesos a las comunidades, así como disparos contra población civil que intenta transitar por ellos, además de ataques con armas de fuego dirigidos hacia las zonas habitadas de la comunidad, con lo que han provocado daños materiales significativos, que incluyen la afectación a viviendas, escuelas, el centro de salud y otros espacios comunitarios.

Así también, han emitido amenazas directas a la vida de las personas residentes, incluyendo niñas, niños y personas adultas mayores, tanto en Coahuayula como en otras localidades, por lo que la población manifiesta un temor fundado de que estas agresiones continúen afectando gravemente la vida de los habitantes, además de agravar la situación de desplazamiento forzado en la región.

Ante la “grave crisis de derechos humanos” en la región Sierra Costa de Michoacán, las agrupaciones urgieron a las autoridades competentes a garantizar la protección inmediata a la población civil.

Entre otras acciones, demandaron “desplegar fuerzas de seguridad, especialmente elementos del ejército y de la Guardia Nacional, en puntos estratégicos de acceso y salida de las comunidades afectadas con el posterior retiro gradual, de la mano con una estrategia de prevención, protección y seguridad que garantice la paz en la región”.

Asimismo, solicitaron garantizar la integridad física y la seguridad de la población civil, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y personas mayores.

Otra exigencia planteada a las autoridades fue localizar y garantizar el regreso con vida del maestro José Gabriel Pelayo Salgado, defensor comunitario del pueblo nahua,desaparecido el 19 de marzo de 2024, y procesar a los responsables conforme a derecho, así como investigar el asesinato de Eustacio Alcalá Diaz defensor comunitario del pueblo nahua de Michoacán.

De igual manera, demandaron implementar medidas para garantizar a la gente el acceso a servicios básicos, como salud y educación, actualmente interrumpidos por la violencia y proveer ayuda humanitaria inmediata a las personas desplazadas y a las comunidades aisladas.

Propusieron convocar a mesas de diálogo con autoridades estatales, federales y comunidades afectadas para diseñar e implementar estrategias integrales de seguridad y reconstrucción social en la región.

Pidieron la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para monitorear y visibilizar la crisis de derechos humanos generada por la falta de paz, seguridad y justicia en Michoacán. Instamos a todas las instancias internacionales a emitir pronunciamientos urgentes y exigir al Estado mexicano una respuesta inmediata y efectiva. 

De acuerdo con las organizaciones, desde 2023 los territorios nahuas de la Sierra Costa de Michoacán han sido blanco de violentos ataques perpetrados por grupos armados vinculados al crimen organizado. La situación se ha agravado con el uso de armas de alto calibre y explosivos, lo que ha resultado en asesinatos, desplazamientos forzados y el asedio constante a comunidades enteras.

“Estos ataques han afectado gravemente a la población civil, incluidas niñas, niños, mujeres y personas adultas, provocando la destrucción de viviendas, la pérdida de vidas humanas y el aislamiento total de algunas comunidades”.

Entre 2023 y 2025, organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales, así como diversos medios de comunicación han visibilizado la situación de peligro que enfrentan estas comunidades. La documentación de estos hechos permite identificar causas profundas, como la ausencia sostenida de paz y seguridad, así como la falta de garantías en el acceso a la justicia. Estas condiciones agravan el impacto de los delitos que afectan a la población.

Indicaron que referencias de esta problemática son la falta de verdad, memoria y justicia en el caso del asesinato de Eustacio Alcalá, ocurrido en 2023, que sigue impune; así como la ausencia de avances en la investigación sobre la desaparición forzada de José Gabriel Pelayo.