Colima, Jalisco y Michoacán concentraron el 70 % de los ambientalistas víctimas de la violencia

México, Avanzada (24/01/2025).- En América Latina, proteger la tierra y el medioambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo, con cifras alarmantes de asesinatos de personas defensoras. Según el último informe de la ONG Global Witness, en 2023, la región registró el 85 % de los homicidios documentados a nivel global contra activistas ambientales. México y Honduras destacaron entre los países más peligrosos, con 18 asesinatos cada uno durante ese año.

En México, más del 70 % de las víctimas eran indígenas, concentrándose los ataques en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, donde los activistas se oponían principalmente a proyectos mineros. Michoacán fue el estado más letal, con ocho asesinatos registrados en 2023, mientras que en Colima se reportaron casos relacionados con la resistencia a las explotaciones mineras y otros proyectos extractivos.

La relación entre las actividades extractivas y la violencia contra defensores es evidente. Más del 40 % de los homicidios en México estuvieron vinculados a la oposición de comunidades a proyectos mineros, sector que, pese a su relevancia económica, genera conflictos por el impacto ambiental y social que ocasiona.

La situación en Centroamérica refleja tendencias similares. Honduras, con una población mucho menor que México, se posicionó como el país con más asesinatos per cápita en 2023. Además, entre 2012 y 2023, más de 9,000 mujeres activistas de derechos humanos fueron atacadas en México y Centroamérica, con casi la mitad de las agresiones atribuidas a instituciones estatales, muchas de ellas en connivencia con industrias extractivas y el crimen organizado.

La militarización y las políticas antidroga en la región también intensificaron los riesgos para las comunidades. Según Global Witness, el narcotráfico utiliza zonas remotas para sus actividades, degrada ecosistemas, desplaza comunidades y fomenta la violencia. Esto, combinado con décadas de explotación forestal, minería, proyectos energéticos y monocultivos, convirtieron a América Latina en el epicentro de la represión contra quienes intentan defender el medioambiente y los derechos territoriales.

Con 314 personas defensoras asesinadas en Centroamérica entre 2012 y 2023, de las cuales más de la mitad eran indígenas, expertos y organizaciones cuestionan por qué la región continúa siendo tan peligrosa para quienes protegen el planeta. La respuesta apunta a una combinación de intereses económicos, corrupción, debilidad institucional y la falta de voluntad política para proteger a las comunidades.

Ante este panorama, Global Witness insiste en la necesidad de fortalecer la legislación que respalde los derechos indígenas y comunitarios sobre la tierra, así como implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes defienden el medioambiente y sus territorios.