Colima, México, Avanzada (27/04/2026).— La empresa Promotora y Operadora de Infraestructura se consolidó como la principal beneficiaria de los dos mayores proyectos carreteros concesionados durante la administración de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, al concentrar la operación del Macrolibramiento Sur de Colima y la ampliación del tramo conocido como La Salada, dos obras estratégicas desarrolladas bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP) que le asegurarán, junto con otras firmas asociadas, ingresos por peaje y explotación durante tres décadas.
En el caso del Macrolibramiento Sur, la concesión involucra además a Recsa Concesiones, Recsa Equity, Grupo Concesionario de México y Concesionaria de Servicios Públicos. De acuerdo con registros de la plataforma Proyectos de México del gobierno federal, la obra implica una inversión de 4 mil 862 millones 858 mil pesos y tiene fecha prevista de conclusión en junio de 2026, dentro de una concesión de largo plazo para operar la vía.
El proyecto contempla dos tramos. El primero consiste en una nueva vialidad de 22.8 kilómetros con cuatro carriles, dos por sentido, acotamientos, seis pasos superiores e inferiores, cruce ferroviario, cuatro puentes, dos plazas de cobro y conexiones hacia la carretera libre Colima-Tecomán. El segundo tramo comprende la ampliación de seis kilómetros de la carretera existente, desde Buenavista hasta el entronque con la autopista Guadalajara-Colima, para llevarla de dos a cuatro carriles e incorporar un enlace hacia el Aeropuerto Nacional de Colima.
La segunda megaconcesión corresponde a la ampliación de la autopista Colima-Armería, en el tramo de 43.1 kilómetros bajo jurisdicción estatal que el gobierno federal concesionó al estado el 15 de marzo de 2024 para su rehabilitación, operación y conservación. Bajo ese esquema, la inversión estimada asciende a 6 mil 500 millones de pesos y también quedará bajo concesión por 30 años.
Ese proyecto contempla ampliar de cuatro a seis carriles un tramo de 29.2 kilómetros, modificar siete curvas cerradas en la zona de La Salada e incorporar una nueva caseta de cobro en Tecomán. Con ello, este corredor se suma al modelo de infraestructura financiada con capital privado y explotada a largo plazo mediante peajes.
Con ambas concesiones, PINFRA no solo participa en la construcción de dos de las principales obras carreteras del estado, sino que concentra el control de, por lo menos, tres casetas de cobro proyectadas en ambos corredores. La acumulación de estos contratos evidencia un modelo en el que activos públicos quedan operados por privados durante décadas a cambio de inversión inicial.
La apuesta del gobierno estatal por las APP ha sido presentada como una vía para detonar obras sin comprometer recursos públicos inmediatos; sin embargo, también implica ceder a particulares la explotación de corredores carreteros estratégicos por periodos extensos, con ingresos asegurados por peaje y operación, como ocurrirá con estos dos megaproyectos carreteros.