Obediencia y sumisión de legisladores de Morena

Bajo el lente de Ana Rosa García.

Al menos dos regidoras, de Movimiento Ciudadano y del tricolor, se opusieron al voto de la malévola costumbre del Cabildo de Manzanillo: la creación de dos magistrados más para incrementar a cinco el número en el Tribunal Administrativo.

Aquí podemos leer un par de señales y, sin conocer los argumentos de quienes emitieron su voto en contra, Martha Zepeda y Sara Valdovinos, me atrevo a decir que el objetivo es cumplir promesas de campaña y garantizar el control sobre el sentido de las resoluciones cuando se ataque un acto de autoridad administrativa.

¿Saben cuál es el camino? Es la línea dictada desde el Poder Ejecutivo, y “se curan en salud” asegurando que, por mayoría, irán desechando quejas.

Les pongo un ejemplo: en la administración anterior, locatarios del mercado 5 de Mayo combatieron una orden que violentaba el derecho humano de acceso al agua. Esto ocurrió cuando, al cambiar las disposiciones que regulaban esos núcleos comerciales, se intentó despojar a esos pequeños comercios familiares de su estructura de derechos; es decir, legalmente ya no podían heredar concesiones y su calidad pasó de poseedores vitalicios a arrendadores por solo un año.

Todo ese conflicto se vivió en ese legendario mercado, que fue resultado del esfuerzo de comerciantes y ayuntamientos que forjaron bases y construyeron ese edificio como compromiso de una exalcaldesa, Martha Sosa Govea.

Esa es una muestra de la importancia de que los órganos de justicia no estén contaminados por la política y, menos aún, que obedezcan al Poder Ejecutivo.

En esa tesitura, no solo pretenden crear más burocracia, sino que, por debajo de esas modificaciones, sus intereses son el “control” absoluto y la línea concreta.

¿Ustedes no lo han entendido? Lo digo por aquellos que están en listas del bienestar: a cambio de tus colichácharas, está la mano que mece el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se decidirá el futuro de los mexicanos.

Si, según Claudia Sheinbaum, las escuelas públicas van a tener que “ajustarse el cinturón”, entonces, señores, no hay que desobedecer esa regla. El aumento de funcionarios castiga un presupuesto ya limitado para necesidades esenciales.