Colima: Corrupción sin castigo y omisiones en el seguimiento

Colima, México, Avanzada (15/04/2026).- La impunidad en los actos de corrupción es un patrón persistente en la vida pública de Colima. Los señalamientos se exponen, los indicios se documentan, pero las sanciones, cuando se trata de asuntos de alto nivel, simplemente no llegan.

El 20 de febrero de 2020, el pleno del Congreso del Estado solicitó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) la realización de una auditoría específica sobre tres asuntos sensibles: la compra de los terrenos del parque arqueológico La Campana; el manejo de un crédito por 410 millones de pesos, de los cuales 200 millones fueron destinados a la adquisición de terrenos para la XX Zona Militar; y las nóminas de Salud y Seguridad Pública correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Una semana antes de ese hecho, el 12 de febrero de 2020, el exgobernador Mario Anguiano Moreno había solicitado a los diputados investigar la administración de su sucesor, José Ignacio Peralta Sánchez, por presuntas irregularidades en la compra de dichos predios; Anguiano enfrentaba señalamientos por la contratación de un crédito que derivó en una sanción por 515 millones de pesos.

En la sesión del 20 de febrero de 2020, durante el proceso de revisión de las cuentas públicas de 2018, los legisladores detectaron posibles afectaciones a la hacienda pública estatal. El dictamen aprobado señalaba la necesidad de una revisión exhaustiva e incluso de una auditoría excepcional.

“Se advierten indicios de irregularidades respecto al ejercicio del gasto de la contratación de la deuda derivada del Decreto 617”, establecieron los diputados en referencia al crédito autorizado el 28 de septiembre de 2018.

Las dudas no eran menores. Durante la administración de Peralta Sánchez se contrataron 200 millones de pesos para adquirir terrenos de la antigua zona militar, pese a que dicho predio había sido donado gratuitamente por la Federación. Para los legisladores, el caso apuntaba a una posible simulación en el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, la auditoría nunca se materializó, al menos no de forma pública. Tampoco derivó en investigaciones concluyentes ni en sanciones. El Congreso, por su parte, no dio seguimiento al acuerdo aprobado. Quien encabezaba el Osafig en ese periodo, Indira Isabel Pérez, actualmente es magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial.

A seis años de distancia, y tras el paso de tres legislaturas, el caso permanece en la opacidad: en Colima, las irregularidades pueden documentarse, pero difícilmente se castigan.