Las mentiras (más recientes) de Indira Vizcaíno

ESTRICTO DERECHO

Pasa el tiempo, hubo cambio en la Presidencia de la República, nos dicen que habrá un segundo piso de la supuesta transformación, pero en Colima, en lugar de mejorar, vamos para atrás, como los cangrejos. La responsable de este desastre está perfectamente identificada, todos la conocemos; la caracterizan su incompetencia, su negligencia, y el rodearse de gente todavía más inepta que ella: la gobernadora Indira Vizcaíno. 

Como su gobierno falla en todos los rubros, para no quedar en vergüenza ante la opinión pública, Indira ha elegido la peor de las soluciones posibles en un escenario como éste: mentir, mentir de nuevo y, si es necesario, volver a mentir con total descaro. Sin embargo, el problema es que su credibilidad es cada vez menor.

Nos ha mentido con la Reforma al Poder Judicial, la cual dice que es para tener una mejor justicia. Nos mintió también cuando dijo que iba a castigar la corrupción de Nacho Peralta, su exjefe, y hasta ahorita ni cosquillas le ha hecho. Nos miente con su gobierno de cuarta, que solo se dedica a cobrar quincenas, mientras el estado se cae a pedazos. Nos ha mentido hasta con sus famosas Colibecas, de las que habla maravillas, porque ni a su hija le permitió tener acceso a dicho programa, ya que prefirió mandarla al extranjero a estudiar, dado que la escuela pública mexicana ya solo sirve para adoctrinar. 

Empero, las peores mentiras de Indira las hemos visto en las dos semanas anteriores, en relación con un hecho terrible que sucedió a principios del mes de octubre, del que se empiezan a saber muchos detalles, y que sin duda tendrá repercusiones más adelante. Me refiero a la ya conocida en medios como “masacre de Puerta de Ánzar”.

A finales de septiembre, Indira fue a la ciudad de México y se reunió con los Secretarios de la Defensa, de Marina y de Seguridad Pública. Después de eso, curiosamente, en un estado como Colima, donde rara vez detienen a quienes delinquen, fueron y sacaron de sus domicilios a 6 supuestos delincuentes (en palabras de la gobernadora), y luego, contrario al discurso oficial transexenal de los abrazos y no balazos, en una grave violación de derechos humanos, privaron de la vida a estas 6 personas. Esta ejecución extrajudicial es una masacre atribuible totalmente a Indira Vizcaíno, realizada por órdenes de ella o, al menos, con su consentimiento (en respuesta a un hecho delictivo ocurrido un día anterior). 

Después de ocurrida la masacre, el gobierno de Indira empezó a difundir en medios una versión inverosímil de lo que pasó, con la intención de evitar una percepción social negativa. Desafortunadamente para ella, en estos tiempos la información circula a la velocidad de la luz, y rápidamente se difundieron videos en los que se aprecia cómo los elementos de seguridad irrumpieron en dos domicilios de Villa de Álvarez, y se llevaron consigo a personas que, según afirmó la gobernadora, estaban relacionadas con diversos homicidios; adicionalmente, se colocaron narco mantas en distintos puntos de la ciudad, en las que se hicieron varios señalamientos. Misteriosa e inexplicablemente, las personas que habían sido detenidas son las mismas que después aparecieron muertas.

Por su parte, la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad informó que agentes de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Secretaría de Marina realizaban un recorrido por la comunidad de Puerta de Ánzar, en la zona rural del municipio de Colima, derivado de información de inteligencia, cuando fueron atacados por disparos de arma de fuego. Ante esta situación, se resguardaron, solicitaron apoyo inmediato y, al llegar refuerzos, repelieron la agresión, siendo el saldo final del enfrentamiento el abatimiento de los seis presuntos delincuentes. Agregan que al lugar de los hechos acudió personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones pertinentes.

Este lunes, al ser cuestionada al respecto, visiblemente molesta porque no quería que se tocara el tema, Indira reconoció que los videos corresponden a cateos, pero que no se relacionaban con lo ocurrido en Puerta de Ánzar. Ayer martes, la fiscalía estatal se apresuró a repetir lo asegurado por la gobernadora. Ya veremos qué dice al respecto la Fiscalía General de la República en la carpeta que abrió para investigar estos hechos, así como el juzgado de distrito que conoció del juicio de amparo que se promovió ante la desaparición forzada de estas personas y, sobre todo, lo que tienen que decir los testigos que sobrevivieron a esta desaparición y posterior ejecución. 

Contrario a lo que dice Indira, no es irresponsable hablar de lo ocurrido en Puerta de Ánzar, ni son comentarios sin fundamento. Como sociedad, nos preocupa que las fuerzas del orden desaparezcan personas, como en las dictaduras, y más nos preocupa que esas personas nunca regresen con vida, porque los asesinan impunemente quienes deberían garantizar la paz y la tranquilidad de todos. 

Claro que nos interesa que las fuerzas de seguridad lleven a cabo su trabajo y, sobre todo, que lo hagan de la mejor manera, pero siempre dentro del marco legal. Si se comete un delito, se debe investigar, detener al responsable y llevarlo ante la justicia, no como ahora, que queda a su criterio señalar a una persona como delincuente, desaparecerla y privarla de la vida. Necesitamos policías en las que podamos confiar, no a las que debamos temerles, para eso ya tenemos a los gobiernos que padecemos.

Por eso, yo le regresaría sus preguntas a la gobernadora: ¿A quién beneficia que no se hable de este hecho? ¿Por qué en este caso en particular se procedió de esa manera? ¿Por qué en todas las demás ocasiones ha preferido voltear hacia otro lado, y ahora se esfuerza por encubrir lo que pasó? ¿Por qué la fiscalía, dos semanas después, sigue sin poder presentar una versión creíble de lo que sucedió? ¿Por qué investigaban la Marina y la policía solos, sin la dirección del Ministerio Público? ¿A quién le ayuda que se oculte lo que ocurrió, a la delincuencia organizada, a la opinión pública, al gobierno de Indira? 

¿Por qué la oposición no ha dicho algo acerca de este suceso tan grave? ¿La Comisión de Derechos Humanos ya abrió de oficio una investigación? Incluso, los diputados de Morena, como representantes del pueblo colimense, no pueden quedarse callados ante un suceso de esta naturaleza. No podemos normalizar la barbarie, y menos cuando el Estado forma parte de ella. Es cuanto.

OTROSÍ 1. Es evidente la inconstitucionalidad de la Reforma Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está conociendo de las impugnaciones promovidas en su contra y, como Tribunal Constitucional, será la que diga la última palabra al respecto, porque es su facultad hacerlo. Se pronunciará antes de que termine noviembre y es casi un hecho que la anulará. Como sociedad, debemos estar preparados para la crisis constitucional que se aproxima, porque el oficialismo difícilmente acatará el fallo. 

OTROSÍ 2. Están vacantes dos magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, una por la jubilación del magistrado René Rodríguez y otra por la aparente renuncia de la magistrada Leticia Chávez, quien regresó a su anterior cargo de jueza. Hasta ahora, la gobernadora y el congreso local han sido omisos en cubrirlas, lo que ha derivado en que la Sala Mixta del Tribunal, encargada de resolver en segunda instancia los asuntos civiles, familiares y mercantiles, se encuentre imposibilitada para sesionar. Se propuso que fueran jueces los que asumieran como magistrados por ministerio de ley, pero esa opción solo aplica cuando se trata de ausencias temporales o accidentales, no definitivas, como sucede ahora. Urge que estos nombramientos pendientes se realicen y, sobre todo, que las designadas sean juezas de carrera judicial, que cuenten con capacidad y experiencia en dichas materias.

OTROSÍ 3. Este 15 de octubre, se instalaron los diez nuevos ayuntamientos de la entidad, para el periodo 2024 – 2027. Éxito para los munícipes que inician. Suerte para los que concluyen, porque Indira Vizcaíno buscará ajustarles cuentas a todos aquellos que no se le sometieron durante estos casi tres años de su gobierno. Ojalá que no los persigan los brazos ejecutores del régimen: el OSAFIG y la fiscalía anticorrupción.

OTROSÍ 4. A partir del 1º de noviembre de 2024, podremos ejercer nuestro derecho ciudadano, reconocido en las Constituciones federal y local, a solicitar la revocación de mandato de Indira Vizcaíno. La solicitud debe plantearse a más tardar el 31 de enero de 2025, por un número equivalente, al menos, al 10% de la lista nominal de electores de nuestro Estado, en la mitad más uno de los municipios de Colima. ¿Habrá al menos 59000 colimenses inconformes con el gobierno estatal?