Las iniciativas del presidente López Obrador: una trampa para hacer campaña a favor de su candidata

Estricto Derecho

El 5 de febrero, en lugar de conmemorar el aniversario de la Constitución de 1917, por conducto de la Secretaria de Gobernación, López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados diversas iniciativas que, después de analizarlas, advertimos que constituyen una estrategia para también hacer campaña y alterar la equidad en la contienda, al ser evidente el estancamiento de la candidata del oficialismo.

Hagamos una revisión superficial, en palabras del propio presidente, de este conjunto de 20 iniciativas, 18 de carácter constitucional y 2 de tipo legal, con las cuales supuestamente pretende reformar a fondo nuestro marco normativo, aunque en realidad son iniciativas innecesarias, inviables o que no tienen posibilidad siquiera de ser aprobadas.

Mediante la primera, busca reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, para que se les consulte cuando se realicen obras que puedan afectarlos; esto ya está contemplado en nuestra Constitución e, incluso, en tratados internacionales.

La segunda y la tercera buscan reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de 65 años, y aumentar el monto anualmente, así como garantizar el mismo derecho a personas con discapacidad y otorgar becas a estudiantes de familias pobres en cualquier nivel de escolaridad. Ninguna de estas propuestas necesita un cambio constitucional para materializarse; lo que sí requieren es financiamiento suficiente que permita instrumentar estos programas sin generar un déficit presupuestal.

Mediante la cuarta, aunque esto ya lo dice nuestra Constitución, se propone garantizar atención médica integral gratuita a todos los mexicanos. Hasta la fecha seguimos esperando el sistema de salud como el de Dinamarca que tanto nos ha prometido; sin embargo, la atención que se recibe en las instituciones de salud pública está peor que nunca.

La quinta dice que los trabajadores y sus familias podrán ser dueños de sus viviendas, aunque esto también ya está, incluso existe el INFONAVIT, que atiende precisamente esta cuestión. Mediante la sexta, busca prohibir el maltrato a los animales, como si con eso bastara para hacerlo realidad. En la séptima, quiere proscribir el maíz transgénico y prohibir la extracción de hidrocarburos por fracking y no otorgar concesiones para actividad minera a cielo abierto; estos temas ya están regulados, le corresponde al Gobierno federal conceder estos permisos, y ahí es donde debería ponerse atención y existir coordinación con autoridades estatales, como aquí, que la Gobernadora luego impulsa proyectos contrarios al medio ambiente. La octava, es para hacer respetar las zonas con escasez de agua y autorizar en ellas solo concesiones para uso doméstico. Igualmente, tenemos la CONAGUA que perfectamente puede hacer realidad estas cuestiones sin necesidad de reforma.

La novena busca prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que realiza la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante las llamadas factureras. ¿Y cómo piensa materializar el Presidente esta noble intención? Reformando el artículo 19 constitucional, para incluir en dicho precepto que todas estas conductas delictivas serán de prisión preventiva oficiosa y así, por arte de magia, se solucionará el problema de la criminalidad. Qué lamentable que el presidente esté pésimamente asesorado y desconozca que, nada menos el año pasado, dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México determinaron que establecer este catálogo de delitos que automáticamente conllevan prisión preventiva oficiosa es contrario a la Convención Americana. Y el presidente insiste en el yerro, en lugar de corregir este detalle. ¡Terrible!

En la décima dice que no se permitirá que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación. ¡Qué bueno! Pero volvemos al impacto económico, porque la Constitución no puede limitarse a enumerar buenas intenciones sin establecer cómo se harán realidad estos propósitos. En la decimoprimera, con abierta intención electorera, busca que el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no sea menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social. Es obvio que el presidente busca atraer a estos sectores. En la décimo segunda, propone revertir las reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE en materia de pensiones, señalando que ahora se jubilarán con el 100% de su salario, y éstas se pagarán con cargo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual cree que, por denominarse así, mágicamente resolverá de fondo el problema. Sin embargo, será notoriamente insuficiente, como han dicho especialistas, ya que este supuesto fondo ni siquiera alcanzaría para el primer año, lo que nos revela a un presidente enajenado, que vive en otra realidad, totalmente distorsionada. En su régimen transitorio, esta iniciativa precisa que, aunque se propone que el 100% de percepciones con las cuales se pensionarían los trabajadores, no rebasaría los diecisiete mil pesos mensuales. Entonces, que nadie espere pensionarse con una cantidad mayor…

La propuesta decimotercera busca constitucionalizar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; la decimocuarta pretende lo mismo con Sembrando Vida, dirigido a campesinos que quieran cultivar sus tierras. Aunque estos propuestas tienen aspectos positivos, lo que más se requiere es una auditoría seria y profunda respecto de los millonarios recursos ejercidos en estos dos programas.

La decimoquinta busca utilizar para trenes de pasajeros las vías férreas concesionadas durante el gobierno de Zedillo, que actualmente se destinan al transporte de carga; que el Estado esté obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares y, de manera fundamental, devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. Básicamente, lo que quiere es devolver a la CFE el monopolio en todo lo relacionado con la energía eléctrica.

Luego vienen las desgastadas propuestas presentadas con anterioridad, como la fallida reforma electoral que buscaba reducir gastos de campaña y financiamiento público a partidos políticos; disminuir el número de regidores y la burocracia electoral; eliminar los plurinominales, para que el Congreso de la Unión se integre por 300 diputados y no por 500, y el Senado por 64 legisladores y no 128; que los consejeros y magistrados electorales se elijan por voto popular; y que la revocación de mandato sea válida con un porcentaje de participación de solo 30%. Tratándose de este último tema, ojalá estas palabras del Presidente llegaran a la Ministra Lenia Batres, quien actualmente tiene el expediente de la revocación de mandato, o a Indira Vizcaíno y sus diputados locales, para que hagan realidad esta intención presidencial y se someta a una evaluación del pueblo.

La decimoséptima es la peor de todas las iniciativas, ya que el presidente, mediante un ataque directo al Poder Judicial, intenta la captura y el sometimiento de éste al Ejecutivo, al proponer la destitución de todas las personas que ocupan algún cargo de ministro, magistrado o juez, tanto en el ámbito federal como en el local, para que todos sean electos mediante voto popular. Un absoluto despropósito. La decimoctava busca que la Guardia Nacional no se corrompa y, para lograrlo, dice el presidente que debe pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, y con eso ya habrá un estricto respeto a los derechos humanos. ¡Pura demagogia! En los hechos, siempre ha estado bajo el mando del Ejército, y la corrupción y las violaciones a derechos humanos son más que frecuentes.

La decimonovena pretende convertir en política de Estado la austeridad republicana, para que nadie gane más que el Presidente. Otra vez el cuento de siempre, pero ahora contado por un presidente que se burla de todos al pedir que no se permitan privilegios, ni extravagancias, cuando él vive con todo pagado en Palacio Nacional, pero no le parece que eso se contabilice como parte de su ingreso, aun cuando es una prestación en especie que percibe con cargo a nuestros bolsillos.

Por último, la vigésima busca, en palabras del presidente, eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares. Es decir, busca eliminar todas aquellas instituciones que no se someten a sus caprichos y, por ende, no le sirvan para sus fines perversos. Así de claro lo debería decir.

En resumen, estas iniciativas son un cúmulo de despropósitos, pura propaganda gubernamental y, sobre todo, un distractor. El presidente sabe de antemano que muchas son inviables y no serán aprobadas, pero las presenta para intentar recuperarse de la peor semana de su sexenio, cuando públicamente se expusieron investigaciones realizadas por la DEA, que le valieron el mote de narcopresidente. López Obrador busca ser él quien marque la agenda pública nuevamente, quiere que la gente se distraiga, que solo pongamos nuestra atención en él, pero no caeremos en ese juego.

Lo que sí haremos es enfocarnos, como ciudadanía, en hablar de los temas realmente importantes: la violencia imparable; las desapariciones; los homicidios; los pactos del gobierno con los criminales; la destrucción de la selva por el Tren Falla; la inutilidad de Dos Bocas que sigue sin producir una gota de gasolina; la del AIFA, que ni el propio presidente usa; el megafracaso de la megafarmacia, otra de sus ocurrencias; y, sobre todo, la corrupción galopante, tanto de la familia del presidente, particularmente sus hijos, como la del Ejército, y la que prevalece en los gobiernos estatales emanados de Morena.

OTROSÍ 1: El Tribunal Electoral del Estado resolvió la impugnación presentada por diputados de oposición a los que les descontaron por ausentarse de las comparecencias con motivo de la glosa del informe de la gobernadora, y ordenó que se les devuelva este recurso que indebidamente les fue sustraído. El Congreso morenista y sus abogados inservibles no dan una.

OTROSÍ 2: La Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia también dictó resolución en el asunto de Martha Zepeda, y fue en contra de la Fiscalía General del Estado, particularmente del Fiscal Anticorrupción (otro inútil). El Magistrado Miguel García de la Mora determinó que Martha no cometió delito alguno, y dejó insubsistente la medida cautelar que la había suspendido temporalmente como Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo. El Síndico Municipal, dando patadas de ahogado, promovió un amparo directo que no tarda en ser desechado por el Tribunal Colegiado de Circuito en forma definitiva, ya que dicho funcionario ni siquiera es parte en el juicio.

OTROSÍ 3: El domingo pasado Claudia Sheinbaum vino a Colima, y su visita tuvo el sello de la casa: gris y opaca. Sin embargo, las fotos del evento muestran una reconfiguración de las relaciones de poder en el partido oficial, ya que solo convocaron a gente de la “Jefa de jefas”. Incluso, para que Sheinbaum se sintiera protegida, la madrina Indira hizo asistir a su ahijado Bryant, el Fiscal General del Estado, quien no tiene tiempo para atender sus responsabilidades oficiales, pero sí para acudir a actos proselitistas. ¡Qué vergüenza!

OTROSÍ 4: Está en marcha una maniobra temeraria por parte de la todavía alcaldesa de Colima y de la anterior dirigente municipal priista. Se difundió que Margarita Moreno, quien apenas se había afiliado al PRI el uno de agosto de 2022, resulta que presentó su renuncia a dicho partido desde el trece de abril de 2023. La simulación es más que evidente, y es con la intención de que Margarita pueda reelegirse, ahora por Movimiento Ciudadano, pero todos sabemos que, en realidad, esa renuncia nunca sucedió. En caso de confirmarse, lo único que este proceder revela es la hipocresía de la alcaldesa, quien todo este tiempo se decía priista de corazón; o también, que es una mentirosa consumada, porque en días pasados se rasgaba las vestiduras diciendo que no habían metido las manos al fuego por ella. ¡Ay, Margarita! ¿Cómo querías que el PRI metiera las manos al fuego por ti si, según tú, ya habías renunciado desde abril de 2023? Vienen denuncias penales en relación con este tema y puede que incluso, posteriormente, las involucradas tengan que enfrentar un juicio penal.