Colima, México, Avanzada (08/05/2026).— El exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, enfrentan diversas carpetas de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por presuntas irregularidades que, en conjunto, rondan los mil millones de pesos.
Las investigaciones incluyen denuncias promovidas por la Universidad de Colima, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), encabezado en ese entonces por la ahora magistrada federal Indira Isabel Pérez.
El pasado miércoles 6 de mayo, Peralta Sánchez y Noriega García fueron vinculados a proceso por el presunto desvío de más de 3 millones de pesos, informó la Fiscalía Anticorrupción. De acuerdo con las indagatorias, ambos exfuncionarios habrían participado en un esquema de simulación de servicios para beneficiar a una empresa privada mediante contratos que, presuntamente, nunca fueron ejecutados.
No obstante, este caso representa apenas una parte de los expedientes abiertos contra integrantes de la pasada administración estatal. La Fiscalía mantiene activas diversas investigaciones relacionadas con montos considerablemente superiores, aunque hasta ahora no se han dado a conocer avances concretos sobre esos procesos.
Uno de los expedientes más relevantes fue presentado el 25 de septiembre de 2021 por la Universidad de Colima. En aquella ocasión, el rector denunció al entonces gobernador por el presunto impago de 264 millones de pesos correspondientes a recursos universitarios.
Tras interponer la denuncia, la Universidad informó que la deuda acumulada del Gobierno del Estado ascendía a 264 millones de pesos hasta septiembre de ese año.
La institución señaló que, antes de acudir a la vía legal, buscó establecer diálogo con el Ejecutivo estatal; sin embargo, ante la falta de respuesta y con el respaldo del Consejo Universitario, decidió proceder jurídicamente.
A estas denuncias se suma el reclamo realizado el pasado 1 de mayo por el dirigente del STSGE, Martín Flores Castañeda, quien exigió que Ignacio Peralta sea llevado ante la justicia y obligado a reparar un presunto daño por 310 millones de pesos.
Durante el acto conmemorativo por el Día del Trabajo, el líder sindical acusó que esos recursos corresponden a cuotas y aportaciones descontadas a los trabajadores, pero que nunca fueron entregadas al Instituto de Pensiones. Flores Castañeda sostuvo que se trata de recursos pertenecientes al salario de los empleados y afirmó que el presunto desvío constituye un delito que debe ser castigado.
Por otra parte, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2021, la última del gobierno de Ignacio Peralta, el OSAFIG presentó 11 denuncias contra el Poder Ejecutivo estatal. Entre los expedientes destacan dos relacionados con la presunta simulación de la compra de terrenos para la zona militar y el supuesto uso irregular de 500 millones de pesos destinados a la construcción del complejo de seguridad C5.
Sobre estas investigaciones, la fiscal anticorrupción, Esperanza Ramírez Vela, confirmó el pasado miércoles que existen diversas carpetas abiertas contra exfuncionarios de la anterior administración estatal y aseguró que todas continúan en etapa de integración.