AOG repudia el uso faccioso de las instituciones

Colima, México, Avanzada (27/12/2023).- El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Arnoldo Ochoa González, expresó su repudio a la judicialización de los temas políticos-electorales que se viven en Colima.

Arnoldo Ochoa González, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Colima, expresó su rechazo enérgico a la judicialización de los temas políticos-electorales que actualmente afectan al estado.

En una declaración pública, Ochoa González manifestó su preocupación por la utilización del aparato de procuración de justicia y de la justicia misma para resolver asuntos de naturaleza política. Desde su perspectiva, los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito de las contiendas electorales, mediante el voto ciudadano y de acuerdo con las leyes electorales.

El líder del PRI en Colima advirtió que la judicialización de estos temas, especialmente en el inicio del proceso electoral, mancha el proceso y contribuye a la división y confrontación en la sociedad colimense. Argumentó que el uso de la fuerza pública a través de los órganos de procuración de justicia para enfrentar a personas que discrepan internamente en el partido político o en proyectos políticos solo perpetúa la confrontación y dificulta la restauración de la unidad social.

Ochoa González subrayó que la política debe tener fines superiores, buscando la unidad de los colimenses en torno a un proyecto político e ideológico. Adicionalmente, hizo un llamado a la reflexión sobre la utilización de la justicia para resolver problemas políticos, destacando que esta práctica solo conduce a la división y al encono, afectando a la sociedad en su conjunto.

En el contexto del proceso electoral que vive Colima, el presidente del PRI llamó a los políticos a rechazar de manera unánime el uso del aparato gubernamental para obtener votos y perseguir a aquellos que no concuerdan con los candidatos de ciertos sectores políticos. Finalmente, enfatizó la importancia de respetar las leyes y castigar cualquier violación conforme al derecho, pero sin instrumentalizar la justicia con fines políticos.