La resistencia civil pacífica de Martha Zepeda llega a la CDMX

Columna

El Puercoespín

Para que tengamos una idea la importancia del puerto de Manzanillo es preciso señalar que en el año de 2022 la aduana de Manzanillo recaudó, por concepto de aranceles, una suma total de 153 mil 71 millones de pesos, solo por debajo de Nuevo Laredo (Tamaulipas) que recaudó 163 mil 99 millones de pesos, apenas diez mil millones de pesos más.

Por debajo de Manzanillo se ubica Veracruz en tercer lugar con una recaudación de 117 mil 450 millones; en cuarto lugar, está la aduana de Lázaro Cárdenas con 89 mil 520 millones de pesos y en quinto sitio la aduana del aeropuerto de la ciudad de México con 68 mil 940 millones.

También es importante por su gran movimiento de mercancías, el puerto de Manzanillo incluso, es utilizado por el crimen organizado para introducir drogas a nuestro país, entre otras cosas ilegales, por ejemplo, en noviembre de 2007, el gobierno federal concluyó que las 235 toneladas de cocaína incautadas en Manzanillo, Colima, pertenecían a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, cabeza del cartel de Sinaloa. Las autoridades federales informaron que la cantidad de cocaína decomisada no tenía precedentes -según se dijo en su momento- en la lucha contra el narcotráfico en el país. Eran tiempos en los que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y procurador de la República Eduardo Medina Mora.

La Secretaría de Seguridad Pública denunció una línea de investigación que debería incluir a funcionarios clave de la aduana del puerto de Manzanillo que eran entonces: Héctor Armando Mejía Arce, administrador de la Aduana; Alberto Prado Ramírez subadministrador de la Aduanas; Ardelio Vargas Carrillo (hijo de un alto funcionario del gobierno federal del mismo nombre) subdirector del Recinto Fiscal. El entonces procurador Eduardo Medina Mora no realizó ninguna investigación. Qué curioso.

Es del dominio público que la sociedad política priista y panista colimense se disputaron los puestos de la aduana por lo menormente “rentable” que resultaba ser funcionario de dicha aduana.

El poseer una aduana federal con grandes ingresos y ser la puerta principal de entrada del Pacífico convierten a Manzanillo una plaza codiciada por los políticos y sus aliados del crimen organizado. En grande medida Colima está viviendo su violencia porque en el territorio colimense se está librando una guerra entre cárteles como son el Cartel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y uno local de reciente creación el de los Mezcales porque tienen en la aduana la gran puerta de entrada. El fentanilo es actualmente la manzana de la discordia, según las fuentes periodísticas.

La presidenta municipal Griselda Martínez ya sufrió en su persona las consecuencias de ser una funcionaria que no pacta con el crimen y está realizando una administración pública de alta calificación ciudadana.

Los políticos de la vieja escuela, particularmente del partido Verde Ecologista, que han sido acusados de haber hecho uso de una tarjeta vinculada a cuentas del Ayuntamiento ahora están asociados con la gobernadora y buscan controlar la “plaza” para seguir usufructuando los recursos de la tesorería municipal y el punto estratégico que representa la localización geográfica del puerto y su aduana.

La estrategia de la gobernadora y sus aliados ha sido usar las fiscalías -la general y la anticorrupción-, así como al Tribunal General de Justica, a la comunidad portuaria y a los regidores para encarcelar a la secretaria del Ayuntamiento, Martha Zepeda y el grupo de la presidenta “cedan la plaza” a la compinche de la gobernadora, Rosi Bayardo.

Martha Zepeda, como respuesta a lo anterior, ha iniciado una resistencia civil pacífica para denunciar y contener la persecución política de que es objeto.

El día de ayer -13 de diciembre- Martha Zepeda se trasladó a la ciudad de México con un buen grupo de apoyadores para informar al presidente de la persecución de que es objeto. Por la mañana hicieron acto de presencia en el Zócalo de la CDMX donde entregaron un documento a la coordinadora de Atención Ciudadana Gabriela Romero, quien también recibió una comisión encabezada por la propia Martha Zepeda.

Los manifestantes del puerto de Manzanillo más tarde se trasladaron a la Secretaría de Gobernación donde fueron recibidos por Flavio Hernández Peralta y Alfonso Camargo, ambos funcionarios del Área de Análisis e Información de la Unidad de Gobierno, a ellos se les explicó ampliamente el problema y se les entregó un documento donde explican, también, ampliamente el caso al presidente de la Republica para que éste esté enterado que, un gobierno de la Cuarta Transformación, surgido del partido Morena, y que está realizando un gobierno comprometido en la lucha conta la corrupción, a favor del pueblo y defendiendo los intereses de la gente está siendo hostigado por una gobernadora irresponsable y represora que utiliza el poder para coercionar a un gobierno municipal eficaz y eficiente. 

Según el ultimo libro de Ricardo Ravelo El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal que, dicho sea de paso, fue prohibida su presentación presencial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, señala en forma preocupante, cuando describe la forma de operar del crimen organizado en el estado de Quintana Roo y cómo las mafias de Rumania, Israel, China, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos criminales, están haciendo su trabajo en ese estado y sus vínculos o presuntos vínculos con la gobernadora de ese estado Mara Lezama que bien puede aplicarse como el paradigma de la forma de vincularse de los grupos criminales con los gobernadores.

Los nexos que están estableciendo los criminales con los gobernadores, según Ricardo Ravelo, han encendido los focos rojos en todo el país. Mara Lezama fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera cuando laboraba como presidenta municipal de Cancún (municipio de Benito Juárez) y cuando llegó a la gubernatura de Quintana Roo la investigación fue suspendida, súbitamente, por negociaciones de un primo de Santiago Nieto, que entonces era el director de dicha unidad de inteligencia financiera.

De Mara Lezama se tenía (y se tiene) la presunción de vínculos con las mafias europeas que operan en la zona y sus extraños movimientos financieros que superaban, por mucho, sus ingresos por concepto de honorarios y negocios -sobre todo su manejo de compras en efectivo- fundaban la presunción de lavado de dinero.

Los gobernadores en su mayoría están vinculados al crimen organizado y los políticos y sus partidos deben de, abiertamente, ante la sociedad marcar su distancia del crimen organizado, pues su presencia y vínculos con los gobiernos municipales y las gubernaturas ya llegaron a niveles intolerables, sostiene en su libro Ricardo Ravelo.

Indira, sus fiscales y aliados políticos están muy cerca del crimen organizado y estas dos mujeres, Martha Zepeda y Griselda Martínez, hacen bien al demandar la transparencia de los vínculos de los políticos con presuntos miembros del crimen organizado. Colima merece funcionarios transparentes y honrados.