Opacidad y contradicciones en el informe de gobierno de Indira

Colima, México, Avanzada (17/11/2023).- En el marco de su informe, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció supuestas obras y acciones que al examinar detalladamente, revelan incongruencias y falta de transparencia en la gestión de recursos públicos.

Uno de los puntos más cuestionables es la aparente eficiencia en el ahorro de 514 millones de pesos destinados a apoyos, mientras la gobernadora solicita créditos bancarios por la suma de 600 millones de pesos. Más aún, se espera que antes del 21 de diciembre de este año, se realice el pago de 300 millones de pesos de dichos créditos, de acuerdo a la información pública de registro de deuda de la Secretaría de Hacienda.

Adicionalmente, el dirigente del sindicato de gobierno, Martín Flores Castañeda reveló que el gobierno estatal tiene una deuda pendiente de 430 millones de pesos con el Instituto de Pensiones y esa cantidad solo corresponde al periodo de gobierno de Vizcaíno Silva.

En el ámbito de obra pública, Vizcaíno Silva presume una inversión de 6 mil millones de pesos en infraestructura carretera, pero no especifica las obras que se han hecho, los montos destinados a cada una de ellas y el origen de los recursos, pues la mayoría de las inversiones en el estado son de origen federal, o privado, de acuerdo a la información del Presupuesto de Egresos Federal, Presupuesto de Egresos del Estado  y la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda en donde se especifican los proyectos aprobado para los estados y los recursos que se les asignarán.

Por ejemplo, en la modernización de la autopista Armería. Manzanillo y la construcción de la desincorporación elevada de Jalipa-Colima se invierten 3 mil 440 millones de pesos, pero todo el recurso es privado, de acuerdo al gobierno federal, es decir, que no hay financiamiento estatal en este proyecto de infraestructura, uno de los pocos visibles en este año. El gobierno del Estado de Colima solo etiquetó 90 millones de pesos para la obra pública de este año.

Además, la ejecución de obras se ha realizado con opacidad, especialmente en la falta de información sobre el Plan Operativo Anual de Obras de años anteriores y el actual, una situación criticada por diputados de oposición como Crispín Guerra, del Partido Acción Nacional, quienes señalan la ausencia de claridad respecto a las obras públicas financiadas con recursos estatales.

Además, la gobernadora presume que las hemodiálisis son gratuitas bajo su administración, pero la Comisión de Derechos Humanos ha emitido dos medidas cautelares debido a la falta de servicios para los nuevos pacientes en el Instituto de Hemodiálisis, desmintiendo así la afirmación gubernamental. Incluso, una menor de edad falleció, después de que se agravó su padecimiento por no haber recibido las sesiones de hemodiálisis que había recomendado el médico; mientras que a una adulta mayor se le dejó en lista de espera y se le informó que ingresara hasta que falleciera uno de los pacientes.

El segundo informe de gobierno se realizará el próximo martes 21 de noviembre.