Colima, México, Avanzada (06/10/2023).- Con 15 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Congreso del Estado aprobó destituir de sus cargos e inhabilitar por tres años y medio al actual diputado del PRI, Héctor Magaña Lara, al titular del Insuvi, Felipe Cruz Calvario y las regidoras de Villa de Álvarez, Karina Heredia Guzmán y Perla Vázquez Montes por autorizar el servicio de mototaxis en el trienio 2018-2021 cuando ese tipo de transporte no está contemplado en la ley.
Sin embargo, será el Supremo Tribunal de Justicia del Estado el que resuelva si procede lo aprobado por la mayoría de los legisladores o desecha la destitución e inhabilitación.
Ayer, el Congreso se erigió Jurado de Acusación con la finalidad de resolver los juicios políticos en contra de los integrantes del cabildo de Villa de Álvarez durante el trienio 2018-2021.
La propuesta elaborada por la comisión de Responsabilidades del Poder Legislativo y aprobada por la mayoría de los diputados de Morena y legisladores afines, contempla la inhabilitación hasta de tres años y medios para ocupar cargos públicos de los integrantes del Cabildo durante la administración de Felipe Cruz Calvario.
A partir de las 3:30 de la tarde, los diputados locales citaron para la sesión secreta en la que presentaron los dictámenes y concluyó poco antes de las nueve de la noche.
Para que las sanciones se apliquen, el asunto aún debe pasar por el escrutinio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuyos miembros, instalados como Jurado de Sentencia, deben confirmar el castigo propuesto por el Congreso.
El punto 3 del artículo 7 de la Ley de Juicio Político del Estado de Colima señala que “conociendo de la acusación el Supremo Tribunal de Justicia, erigido en Jurado de sentencia, aplicará la sanción o absolverá según corresponda, mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”.
Los juicios políticos que se abordarán hoy encuentran su origen en la denuncia presentada por taxistas en contra del cabildo villalvarense, acusándolos de autorizar la operación de mototaxis durante el periodo de Felipe Cruz.