¿Habrá Revocación de Mandato en Colima?

ESTRICTO DERECHO

Nuestro estado fue pionero en incluir en la Constitución local la revocación de mandato, a iniciativa de la entonces diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, mediante el Decreto número 70, publicado en el Periódico Oficial en mayo de 2019. En el régimen transitorio del decreto se estableció que estas reformas entrarían en vigor al día siguiente de ser publicadas, y que el Congreso del Estado debía adecuar la legislación secundaria en los siguientes 120 días naturales. Y hasta ahí quedó el tema.

En el ámbito nacional, en diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Constitución federal, en materia de Revocación de Mandato. En su artículo sexto transitorio, estableció la obligación para las legislaturas locales de adecuar las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes, para garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de los titulares de los Ejecutivos locales. 

¿Pasó algo en Colima? Nada. Dos legislaturas, la anterior y la actual, simplemente dejaron transcurrir los plazos mencionados. Ante esta omisión, el 28 de marzo de 2022, promoví Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral ante el Tribunal Electoral del Estado, en contra del Legislativo local, por la omisión de emitir la ley estatal de revocación de mandato, el cual fue resuelto a mi favor. El 17 de mayo de 2022, fue notificado el Congreso que, en un término máximo de 60 días naturales, debía emitir la legislación secundaria en el tema de Revocación de Mandato.

Para dar cumplimiento a la sentencia, en su afán de proteger a la gobernadora, el grupo parlamentario de Morena hizo el intento de reformar la Constitución local en materia de revocación de mandato y, al no lograr su objetivo, ya casi por vencerse el plazo, el 13 de julio, por 15 votos a favor del bloque oficialista, integrado en ese momento por Morena, NA, MC, Verde y PT, el Congreso aprobó la ley que ahora nos ocupa. Votaron en contra 10 diputados (PAN, PRI y PES). Como paso siguiente, la ley fue remitida a la gobernadora, quien la guardó en un cajón bajo llave, y hasta casi un mes después, el 12 de agosto de 2022, ordenó su publicación en el Periódico Oficial. 

Aunque la podían impugnar cualquier partido político, las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y hasta el Consejero Jurídico del Presidente de la República, la ley solo fue controvertida por 9 legisladores locales, mediante la acción de inconstitucionalidad 130/2022, promovida ante la Suprema Corte. 

Esta acción de inconstitucionalidad, mediante acuerdo dictado el 22 de septiembre de 2022, por el entonces Ministro Presidente Arturo Zaldívar, se tuvo por recibida, turnándose para su estudio a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

El 17 de octubre de 2022, respecto de un escrito presentado ulteriormente por la diputada Priscila García, quien pedía que no se tomara en cuenta su firma, la ministra Loretta Ortiz acordó que no era factible proveer de conformidad el desistimiento que solicitaba, por la prohibición expresa contenida en los artículos 59, en relación con el 20, fracción I, de la ley reglamentaria, respecto a que el desistimiento de la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando se impugnan normas generales, por lo que no se tuvo por desistida a dicha diputada, y se admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Este acuerdo fue impugnado mediante el recurso de reclamación 177/2022, por el Congreso del Estado. 

El 30 de noviembre de 2022, la ministra Loretta Ortiz dictó otro acuerdo, mediante el cual tuvo a los poderes Ejecutivo y Legislativo rindiendo sus informes respectivos, por medio del Consejero Jurídico y la entonces Diputada Presidenta del Congreso, y dio plazo para que las partes formularan alegatos. El 14 de febrero de 2023, mediante diverso acuerdo, la ministra Loretta Ortiz hizo constar que ninguna de las partes formuló alegatos.

El 08 de marzo de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedente el recurso de reclamación interpuesto contra el acuerdo de la ministra Loretta Ortiz, por el que no le hicieron válido su desistimiento a la diputada Priscila García. 

El 09 de mayo de 2023, la ministra Loretta Ortiz dictó acuerdo mediante el cual cerró la instrucción, para que se procediera a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual se iba a discutir la semana pasada, en la sesión del 14 de junio. Sin embargo, de último momento, el asunto se retiró del orden del día, y quedó enlistado para la sesión de este 21 de junio.

Al respecto, es preciso destacar que, si la Segunda Sala se pronuncia sobre este tema, sería para determinar si se actualiza o no una causal de improcedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que la ministra Loretta vuelva a la carga con el tema de la firma de la diputada Priscila, para ahora sí darle validez a su desistimiento, y no se reúnan las 9 firmas que se requieren para que se estudie la acción. 

Sin embargo, anticiparía que un proyecto en ese sentido no sería aprobado, porque iría contra los precedentes de la propia Suprema Corte en este aspecto y, sobre todo, porque, cuando se trata de asuntos que involucran temas políticos, la ministra Loretta y la ministra Esquivel se quedan solas en la votación, de ahí que, eventualmente, la votación quedaría 2 a favor y 3 en contra, por lo que no se tendría por actualizada la causal de improcedencia y ahora sí se efectuaría un estudio de fondo, por el Tribunal Pleno, en el que se analice si fue constitucional o no que se estableciera en la ley de revocación de mandato de Colima que la gobernadora no podía ser evaluada por la ciudadanía durante su sexenio.

Independientemente de los términos en que se resuelva, es importante dejarle en claro a la ciudadanía que, aun en los peores escenarios, de que se diera validez al desistimiento o que no se reunieran los ocho votos para declarar inconstitucional esta ley, eso de ninguna manera significa que la Suprema Corte haya validado que la norma es constitucional. ¿Y esto qué implica? Que cualquiera de nosotros tiene reconocido el derecho a revocarle el mandato a quien nos gobierna, tanto en la Constitución federal como en la estatal, y este derecho no puede ser limitado o restringido por una ley de inferior jerarquía y, por tanto, podemos pedirle al Instituto Electoral del Estado que haga efectivo este derecho.

Entonces, les pido que no haya preocupación, ni desánimo. Hay más formas de hacer valer la revocación de mandato. Si llegamos a finales de 2024, en los tiempos que marca la Constitución Federal para llevar a cabo la revocación de mandato, y nos dijeran no, no se puede, porque la ley secundaria dice que a la actual gobernadora no le aplica, eso nos permitiría impugnar ante los tribunales electorales estatal y federal, los cuales nos darían la razón, y harían prevalecer un derecho de rango constitucional frente a lo que dice una ley de carácter local. 

Por eso, desde ahora lo afirmo con total certeza: si no renuncia antes, en el año 2025, la ciudadanía colimense vamos a ejercer, sí o sí, nuestro derecho político a revocarle el mandato a Indira Vizcaíno. ¡Es cuánto!

OTROSÍ 1: hablando de revocaciones, en días recientes también supimos que la gobernadora ahora quiere que se anule la realización del proyecto “Libramiento Colima, Vía Rápida”, autorizado por el Congreso al gobernador Nacho Peralta en noviembre de 2020. Aunque este tema requiere comentarlo más a fondo, y lo haremos más adelante, por ahora basta señalar que sería conveniente que Indira hablara el tema con algunos de esos diputados que aprobaron ese endeudamiento y que ahora forman parte de su gobierno, como Ana Landa, Martha Meza o Francisco Rodríguez, que hasta es secretario en su gabinete, o con Memo Toscano, que es el presidente del consejo político estatal de su partido, Morena. ¡Qué incongruencia!

OTROSÍ 2: cada vez son más numerosos y con mayor sustento los señalamientos de burócratas estatales, quienes se quejan de que, quincena tras quincena, en las diversas dependencias del gobierno de Indira, les rasuran su sueldo al descontarles un porcentaje, q luego se destina, supuestamente, para el partido político Morena; aunque muchos sospechan, y con justa razón porque todo se hace furtivamente, que ese dinero lo vuelven a rasurar los directivos encargados de su recaudación antes de entregarlo. Mi solidaridad para todos los afectados, a quienes les pido que, con todo cuidado, hagan lo posible por seguir obteniendo evidencias de estas ilegalidades, porque estamos hablando de conductas delictivas, eso es corrupción por donde quiera que se le vea.