Oficio Ciudadano

El mes pasado, el coordinador de la mayoría legislativa morenista presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de caminos y Puentes del Estado de Colima, así como derogar el numeral segundo y adicionar un último párrafo al artículo 77 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del estado de Colima.

Lo curioso es que el día 24 se entregó la misma a las comisiones dictaminadoras, las que se reunieron sin dilación el día 27 para – dicen ellos – “analizar, discutir y en su caso, dictaminar la iniciativa” y el día 28 ya había sido aprobada por esa misma mayoría y sus aliados, en el pleno. Llama la atención tanta celeridad de los legisladores cuando tienen treinta días para dictaminar y existen un sinnúmero de iniciativas esperando turno. 

Dicen, en su exposición de motivos, que ese Grupo Parlamentario de Morena “tiene la firme convicción que para lograr la cuarta transformación y combatir la corrupción, es necesario generar un marco legal que brinde certeza jurídica, que acote la discrecionalidad en la aplicación de las normas y fomente la creación de una auténtica riqueza social, no solo el beneficio para unos cuantos”.

¿Por qué mentirán tanto? Parece que lo hacen para emular a su líder nacional, pero más bien creo que lo hicieron en este caso para mal disimular las verdaderas intenciones de esta reforma, que como la mayoría de las aprobadas por esta legislatura, responden al interés y a la urgencia que les  marcan desde Palacio de Gobierno.

Me explico: la ley vigente a esa fecha y que había sido publicada en agosto del año 2015, no contemplaba en su contenido el concepto ni el manejo de concesiones a particulares en las carreteras, caminos y puentes de jurisdicción estatal de la entidad. Entonces, si esa figura no estaba incluida en la ley, ¿cómo pretendían generar un marco legal que brindara certeza jurídica donde no había dudas? ¿Cómo con su propuesta acotarían una discrecionalidad que no se presentaba porque no operaba esa figura? Y lo peor, ¿cómo hablan de generar riqueza social y no sólo el beneficio de unos cuantos si la figura de las concesiones de carreteras ha sido, lamentablemente, para beneficio de los inversionistas?  Pero – según ellos – quisieron  armonizar la ley local con la federal.

Así fue que a partir del último día de febrero pasado, la figura de las concesiones aparece en esta norma por vez primera, además de la excepción a trabajos urgentes en las carreteras por catástrofes naturales, para cubrir los requisitos legales establecidos. Insisto, no había excepciones y ellos las incluyeron. Al final de este apartado, aún se atrevieron a escribir: “con la misión que tiene esta cuarta transformación para hacer las cosas diferentes y tratar de eliminar las malas prácticas que se venían realizando por administraciones pasadas, es por ello, que se propone reforzar las legislaciones en materia de concesiones y eliminar aquellos artículos que fueron creados a modo, para poder realizar dentro de un marco de supuesta ”legalidad”, adjudicaciones directas beneficiando indebidamente a ciertas personas”. Mentira tras mentira.

No son iguales, son peores que la mayoría legislativa que los antecedió. El artículo primero hablaba del objeto de la ley para regular la construcción y conservación de los caminos y puentes, ahora se habla además de que el objeto será la operación, explotación y mantenimiento de esos caminos y puentes de la entidad, es decir, la comercialización de los mismos.

En el artículo 17 Bis – que es un nuevo agregado –  se consigna la facultad otorgada al titular del Poder  Ejecutivo estatal de otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares o municipios, y excepcionalmente, sin sujetarse al procedimiento de concurso, en este último caso.

Todo apunta pues a que el escenario está ya preparado para que unos cuantos, los mismos de siempre, sigan haciendo negocios a costas del erario público. Los anteriores, que salieron con cuentas quebradas, facilitaron la entrega gubernamental de forma tersa pero onerosa y parece que ahora empezarán a cobrar las facturas. Tendremos que estar muy atentos los ciudadanos, porque los diputados no tienen interés alguno en cumplir con su obligación de ser contrapeso del poder ejecutivo y mucho menos, de fiscalizar sus cuentas. 

Y ya sabemos que la gobernadora de la entidad tiene que cumplir los compromisos políticos. ¡Faltaba más!