El Congreso de Colima encubre la violencia de género

Hoy abordaremos el encubrimiento que está haciendo el Congreso de Colima de un tema grave, como la violencia de género. ¡Qué paradójico que, en el gobierno más feminista de la historia, encabezado por una mujer gobernadora, tengamos que vivir esta reprobable situación!

Para ello, nos referiremos a los sucesos ocurridos en enero de 2019 en el Congreso estatal, durante la LIX Legislatura, la anterior a esta. En noviembre de 2018, meses antes, habían elegido como coordinadora de la bancada morenista y presidenta de la entonces Comisión de Gobierno interno a la diputada Jazmín García. Sin embargo, el grupo del entonces diputado Vladimir Parra no quedó conforme con este nombramiento y empezaron a golpetear a la diputada Jazmín, haciéndole señalamientos de supuestos manejos irregulares, ya que Vladimir quería ser coordinador de la bancada, porque decía que él era quien daba la línea política del partido en Colima. 

Esto llevó a que el 11 de enero las diputadas Jazmín García y Claudia Aguirre se retiraran de la bancada de Morena, asumiendo Vladimir como nuevo coordinador, desatando además una campaña de ataques mediáticos contra las disidentes, que incluyó amenazas que pusieron en riesgo la integridad e incluso la vida de las propias diputadas y de sus familias. El 17 de enero hubo una sesión de pleno en la que manifestantes llevados por el grupo de Vladimir estuvieron hostigando y amenazando a las diputadas sin que se hiciera algo por protegerlas. Todo esto derivó en varias denuncias y quejas. 

En una de ellas, las dos diputadas acudieron ante su partido a señalar que Vladimir Parra las había hostigado, lo que generó que, el 29 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitiera una resolución en el expediente CNHJ-COL-067/19, estableciendo que, por ser responsable de haber ejercido violencia en contra de las dos diputadas, sancionaba a Vladimir Parra Barragán. Hay que tener presente que esto fue una instancia partidista, y aunque esta Comisión le notificó el inicio del procedimiento, Vladimir se defendió de forma deficiente, porque sí compareció, pero lo hizo de manera extemporánea, nunca acudió a las audiencias, y cuando le notificaron la resolución, no la impugnó.

Hago referencia a este antecedente porque, de forma paralela, el 16 de enero de 2019, las entonces diputadas Jazmín García y Claudia Aguirre también presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal, por toda esta violencia de la cual fueron víctimas, por lo que se abrió el expediente CDHEC/020/2019, mismo que, después de un viacrucis procesal de casi cuatro años, concluyó el pasado 12 de diciembre con la emisión de la recomendación 04/2022, formulada por la propia Comisión en contra del Congreso del Estado, en la que tuvo por acreditado que se vulneraron los derechos humanos de las diputadas, particularmente sus derechos a un trato digno y a una vida libre de violencia contra las mujeres.

Esta recomendación fue notificada al Congreso el 16 de diciembre de 2022 y, en caso de que fuera aceptada, se instruía que se reparara la afectación causada a las entonces diputadas, mediante una compensación por daño moral; una disculpa pública, para resarcirles todos los perjuicios causados a su imagen, a su honra, a su reputación; que el Congreso abriera una investigación en contra del entonces diputado Vladimir Parra; y por último, que quienes laboran en el Legislativo tomaran un curso de formación y de capacitación en derechos humanos, para que los temas de género no sean solo de dientes para afuera, ya que cuando se trata de emprender acciones contra personajes que cometen violencia contra mujeres, pero que son afines a la gobernadora, este gobierno mejor voltea para otro lado, como en este caso de Vladimir Parra que, como es incondicional de Indira, ella lo cobija bajo su manto e instruye que no le hagan absolutamente nada.

¿Por qué decimos esto? Porque el Congreso tuvo un periodo de 15 días hábiles para aceptar o rechazar la recomendación formulada por la Comisión, y sabemos que, a finales de enero, esta recomendación fue rechazada mediante un escrito presentado unilateralmente por la diputada Priscila García Delgado, entonces presidenta del Congreso, quien terminó de defensora de oficio de Vladimir, desempeñando un papel muy triste y vergonzoso, quizá hasta cómplice de violencia de género, acatando indicaciones de más arriba.

¿Qué hizo la diputada Priscila? Ella era la presidenta del Congreso durante enero y, sin hacer del conocimiento de la Asamblea la recomendación, ni someterla a su consideración, para que los 25 diputados y diputadas se pronunciaran y decidieran si la aceptaban o la rechazaban, hizo realidad la frase “El Congreso soy Yo”, y eligió proteger a Vladimir, demostrando que ni siquiera conoce la naturaleza de una recomendación de Derechos Humanos, porque en primer término se constituyó como si fuera superior jerárquico de la Comisión, e hizo una revisión supuestamente jurídica de los términos en que se emitió la recomendación, cuestionando los fundamentos de esta, lo cual es inconducente, porque hay un recurso en el que podía formular ese tipo de argumentos, pero nunca lo interpuso. Tenía que limitarse a aceptarla o rechazarla, pero se dejó llevar por la intervención de personajes cercanos a Vladimir que están en el propio Congreso, quienes incurrieron en un posible conflicto de interés al participar en la elaboración de esta respuesta. Luego, como supuesto argumento de mayor peso, la diputada dijo que la recomendación era jurídicamente inviable por ir en contra de la inviolabilidad parlamentaria. ¡Qué ignorancia tan terrible! Ahora resulta que un legislador puede hacer lo que quiera, incluyendo ejercer violencia contra otras diputadas. Además, la Comisión no estaba sancionando, solo recomendó que el Congreso abriera un procedimiento para deslindar responsabilidades, de ahí que los argumentos de Priscila sean inaplicables en este caso, porque van dirigidos a órganos jurisdiccionales, y la Comisión no es un tribunal, no dicta sentencias, solo emite recomendaciones.

¿Qué pasará ahora? Veremos qué hace la Comisión, porque quien respondió fue la representante legal del Congreso, pero sin la aprobación de este, ya que la Asamblea nunca conoció de un tema sobre el cual tenían que pronunciarse todos sus integrantes, no solo quien presidía. Empero, si quedara así, el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal dice que en estos casos debe hacerse pública la negativa, para que todos conozcamos las barbaridades que se dijeron en esa respuesta. Además, la LX Legislatura, a solicitud de la Comisión debe llamar a la diputada Priscila para que comparezca ante el Pleno, a explicar esa negativa en una sesión también pública.

De ahí que no esperamos menos del Presidente de la Comisión; si ya se atrevió a emitir una recomendación en contra de un incondicional de la gobernadora, debe seguir adelante y llevar este procedimiento hasta sus últimas consecuencias. Si este gobierno va a proteger a Vladimir Parra, que lo haga, pero que asuma el costo político, al evidenciarse públicamente dicho encubrimiento, porque esto no terminará aquí, ya que las diputadas en su momento también presentaron una denuncia penal que, hasta ahora, lleva más de cuatro años guardada en un cajón de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál será la razón? ¿También estarán protegiendo en esa instancia a Vladimir Parra? 

OTROSÍ: El Periódico Oficial, en su edición extraordinaria del pasado 15 de febrero, nos dio la noticia de que la Licenciada Virginia Cuevas Venegas, Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, en lugar de llevar a buen puerto las denuncias presentadas en contra de gente cercana a la gobernadora, mejor prefirió jubilarse. Ahora deberá iniciar el procedimiento para elegir a su sucesora. Invito a la sociedad colimense a estar atentos a que sea el perfil más adecuado.