EDITORIAL. La ofensiva indirista contra Griselda Martínez

Es evidente que el gobierno estatal encabezado Indira Vizcaíno Silva despliega en estos momentos una ofensiva contra la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, una de las pocas figuras públicas que no se ha doblegado ante los afanes de la titular del Ejecutivo local por centralizar todo el poder en el estado.

No puede entenderse de otra manera el hecho de que de pronto la Fiscalía general del estado (FGE) dé trámite a una denuncia presentada por algunos regidores de la pasada administración municipal, quienes alegaban supuestas irregularidades en el nombramiento de la contralora municipal.

En cambio, la fiscalía mantiene congeladas las denuncias que ha presentado la propia alcaldesa por presuntos actos de corrupción de algunos exfuncionarios, además de que no ha investigado a fondo el atentado sufrido por Griselda Martínez desde julio de 2019.

La actuación de la FGE se trata, a todas luces, de una burda maniobra política encaminada a tratar de bloquear electoralmente a Griselda Martínez, que se encuentra bien posicionada por el trabajo realizado durante los dos periodos constitucionales en que ha encabezado el ayuntamiento manzanillense.

Es obvio que en estas condiciones, la alcaldesa porteña resulta incómoda para la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien pretende imponer a sus incondicionales en el próximo proceso electoral de 2024 y sin duda perfilar a quien pretenda dejar para sucederla en 2027.

Además del uso de la Fiscalía como arma política, la gobernadora ya puso en contra de Griselda Martínez a algunos de los regidores de su propia planilla, que se sumaron a la oposición para tratar de neutralizar el trabajo generado desde la Presidencia Municipal.

Es penoso que ante la carencia de capacidad y talento para realizar un buen gobierno que le genere el apoyo de la población, la gobernadora pretenda abrirse camino con la estrategia de querer hacer a un lado a quienes no se pliegan a sus caprichos.

Ante esta manera de actuar de Indira Vizcaíno, es imposible no recordar dos sucesos anteriores que, guardadas las proporciones, tuvieron la misma finalidad que se puede percibir ahora. Primero, el caso del exgobernador Fernando Moreno Peña, cuando de cara a las elecciones de 2003 promovió la inhabilitación de Martha Leticia Sosa Govea para tratar de acabar con su carrera política en Colima y, posteriormente, el caso del expresidente Vicente Fox, que pretendió que Andrés Manuel López Obrador fuera desaforado para cerrarle el paso a la candidatura presidencial en 2006.

Son maniobras sucias de exgobernantes del PRI y del PAN que Indira Vizcaíno, con un gobierno plagado de personajes provenientes de esos partidos, está tratando de imitar a la perfección.