El saqueo en el Instituto de Pensiones del Estado

Colima, México, Avanzada (07/11/2022).- El desvío de recursos del fondo de pensiones de la burocracia estatal y municipal ha sido una constante de los últimos gobiernos. El desfalco asciende a más de mil 500 millones de pesos y los responsables no han recibido castigo alguno.

El miércoles pasado, en una conferencia de prensa, el dirigente del secretario general del sindicato de gobierno, Martín Flores Castañeda calificó de grave la situación financiera del instituto. 

Tan sólo, el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez dejó una deuda de 610 millones de pesos, de los cuales 410 millones de pesos son de cuotas y retenciones que se hicieron a los trabajadores, pero que la secretaría de Finanzas (a cargo, principalmente de Carlos Arturo Noriega, actual diputado del PRI) no envío al Instituto de Pensiones de los Trabajadores.

Además, existe un convenio de pago por 693 millones de pesos que corresponde a los adeudos que dejaron, según Flores Castañeda, los tres gobiernos anteriores al de Ignacio Peralta Sánchez, es decir, el de Mario Anguiano Moreno, Silverio Cavazos y Fernando Moreno Peña.

Aunado a lo anterior, la actual administración, la de Indira Vizcaíno Silva tiene pasivos por 210 millones de pesos correspondientes a aportaciones como ente patronal.

Sin embargo, esos mil 500 millones de pesos de deuda sólo corresponden al Gobierno del Estado o al Poder Ejecutivo, pero también tienen deudas la mayoría de los Ayuntamientos, así como organismos descentralizados como la Fiscalía estatal.

Desde el pasado 16 de marzo, La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados solicitó al Congreso del Estado un exhorto para que el Poder Ejecutivo y los representantes de los municipios paguen los adeudos que tienen con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos porque están en riesgo las jubilaciones de los burócratas.

Ese día, la líder sindical de Comala, Irma González Pedraza consideró que era urgente la intervención del Poder Legislativo para revisar la Ley de Pensiones y la Ley de los burócratas, “porque nos dijeron que la Ley de Pensiones garantizaría el pago de las pensiones y ahora vemos que eso está en riesgo”.

Advirtió que había “municipios que no llegan ni al 37 por ciento del cumplimiento. Además, en la ley de pensiones se estableció del adeudo que se tenía con la antigua dirección de pensiones por 980 millones de pesos, ese dinero tendría que estar en las cuentas institucionales, pero también tendríamos qué saber dónde quedó el dinero”.

Pese al adeudo al Instituto de Pensiones, el desvío de las cuotas de los trabajadores y el riesgo de que colapse el pago de dicho derecho, no hay ninguna persona enjuiciada por estos hechos.