Indira Vizcaíno, un año de excesos financieros, aumento de violencia y cero combate a la corrupción

Colima, México, Avanzada (01/11/2022).- Indira Vizcaíno Silva llega a su primer año de gobierno con una aprobación de apenas el 30 por ciento, 900 personas asesinadas, una deuda bancaria a corto plazo de 800 millones de pesos, sin obras o inversiones que detonen el desarrollo del estado y con la mancha de haberse aumentado el sueldo en un 35 por ciento en un año donde convocó a la austeridad.

En 2021, durante los últimos meses del gobierno del priista, Ignacio Peralta Sánchez, la candidata Indira Vizcaíno Silva ofreció “nuevos tiempos” para Colima y sostuvo que el régimen de corrupción e impunidad que por 80 años había gobernado en Colima estaba a punto de llegar a su fin.

En su calidad de gobernadora electa, acusó a su antecesor, Ignacio Peralta Sánchez de ser el responsable del desastre financiero que heredó su gobierno, y se comprometió a castigar a los responsables de haber dejado durante meses a miles de trabajadores sin su salario y de utilizar el recurso público para presuntos actos de corrupción.

LA VIOLENCIA IMPARABLE

Sin embargo, y a pesar de la promesa de los nuevos tiempos para Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva llega a su primer año de gobierno con una crisis en materia de seguridad, que ha causado el asesinato de 900 personas. En 2022, los homicidios dolosos incrementaron en Colima en un 65 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2021.

También el robo a negocios aumentó en un 15 por ciento en comparación con el 2021 y el robo a vehículos también lo hizo en 18 por ciento. Debido a los constantes hechos sangrientos en el estado y el asesinato de personas que al parecer no tenían ninguna relación con hechos delictivos, organizaciones empresariales y educativas, como la Universidad de Colima han exigido la implementación de acciones que permitan recuperar la paz en el estado.

Lo anterior a pesar de la llegada de más de 3 mil elementos de las fuerzas federales en distintos momentos de este, su primer año de gobierno y del cambio del secretario de Seguridad Pública.

DEUDA A IPECOL Y EL DERROCHE DE GOBIERNO

No sólo en materia de seguridad, el gobierno del Estado enfrenta una crisis, también en el sistema de pensiones para los burócratas del estado, los municipios y organismos descentralizados. El gobierno de Ignacio Peralta dejó un adeudo superior a los 600 millones de pesos y aunque el sindicato de gobierno interpuso una denuncia penal por este hecho en contra del exmandatario y varios de sus funcionarios del gobierno, nada ha pasado.

El propio dirigente del sindicato, Martín Flores Castañeda criticó que la denuncia penal en contra de Peralta esté “congelada” en la Fiscalía Anticorrupción. También denunció que el gobierno de Indira Vizcaíno Silva no está haciendo nada diferente a los gobiernos anteriores y ya adeuda al Instituto de Pensiones 210 millones de pesos

El dirigente sindical afirmó que el actual gobierno de Vizcaíno Silva derrocha los recursos públicos en la adquisición de cinco camionetas blindadas por las que pagó 15 millones de pesos, en un despliegue de publicidad para promocionar el programa “Colibecas” y en un aumento de sueldo de algunos de sus funcionarios y de la propia gobernadora a partir de abril de este año.

UN ESTADO CON ESCASAS OBRAS Y MUCHAS PROMESAS

El pasado 6 de septiembre, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva presumió que su gobierno ha invertido más de 600 millones de pesos en obras, sin embargo, reconoció que solamente el 10 por ciento de esas acciones están terminadas, en tanto el 60 ni siquiera han comenzado.

En la conferencia, la gobernadora refirió que culminará 336 obras, con una inversión que supera los 660 millones de pesos. Sostuvo que de las 336 obras que se harán, 272 son obras en materia básica del ramo educativo e hidroagrícola y 64 en materia de salud.

Por su parte, la titular de la secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León refirió que algunas de las obras  están concluidas, otras en proceso y la mayoría se arrancarán en los últimos cuatro meses del año, pero hasta el momento no hay mayor información al respecto, por ejemplo, los montos, los lugares en los que se realizarán las obras, las fechas de inicio y conclusión y el nombre de la empresa responsable.

IMPUNIDAD ANTE EL SAQUEO

Al haber llegado al gobierno por un partido diferente al PRI, la gobernadora prometió que no habría cacería de brujas, pero tampoco “perdón ni olvido” para aquellos que dilapidaron los recursos del estado.

En distintas entrevistas señaló que el desastre financiero en Colima tenía nombre y apellido y era Ignacio Peralta Sánchez, pero a un año del gobierno, el exmandatario no tiene ninguna investigación sólida y con avances contundentes que permitan  suponer que  el combate a la corrupción es una realidad en el estado.

Por el contrario, operadores de Ignacio Peralta forman parte del gabinete estatal como Francisco Rodríguez García, actual secretario de Desarrollo Económico, y quien en su etapa como diputado era el responsable de vigilar el destino del crédito de 740 millones de pesos que ahora se sabe, el gobernador Peralta ejerció con irregularidades, según denunció la propia Indira Vizcaíno Silva.

También, como presidente del Consejo de Morena fue electo, el regidor, Guillermo Toscano Reyes, otro de los operadores del exgobernador Ignacio Peralta en la pasada legislatura y a quien se responsabilizó de haber promovido la contratación del crédito de 740 millones de pesos que pagarán los colimenses durante los próximos 20 años  y que fue usado de manera poco transparente.

Tampoco se ha investigado la presunta compra de los terrenos de la zona militar, a pesar de que el OSAFIG documentó que los 200 millones de pesos que el gobierno de Peralta solicitó para la adquisición de la reserva territorial –la compra de los terrenos-  se usaron para otra cosa. Dichos terrenos fueron donados por la federación a los colimenses, pero el gobierno anterior simuló la compra.

DEUDA BANCARIA

En sus primer año como gobernadora, Vizcaíno Silva ha recurrido a los créditos a corto plazo, al igual que lo hizo Ignacio Peralta Sánchez. De acuerdo al registro de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, el actual gobierno tiene una deuda a corto plazo de 800 millones de pesos.

El destino de ese dinero no ha sido informado por el gobierno del estado.

EL INCREMENTO DE SUELDO DE LA GOBERNADORA Y SUS FUNCIONARIOS

En su primer año de gobierno y con un discurso de austeridad, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y 24 de sus funcionarios de primer nivel fueron evidenciado con un aumento de sueldo entre el 24 y hasta el 63 por ciento.

El 19 de julio de 2022,  nuevamente el líder de los burócratas de gobierno, Martín Flores Castañeda denunció el hecho y dijo la gobernadora Indira Vizcaíno  Silva registró un aumento salarial del 36.5 por ciento pues de ganar 96 mil 374 pesos pasó a 131 mil 511 pesos con 28 centavos, lo que representa 35 mil 137 pesos de incremento.

Los funcionarios que obtuvieron un 63 por ciento de incremento fueron el director general de Ingresos, Alberto Cortez Martínez, así como el director general Jurídico de la Subsecretaría de Administración, Asdrúbal Enríquez Melgar, ya que sus  sueldos pasaron de 44 mil 247.32 a 72 mil 331.20 pesos al mes.

Al aumento se sumaron la directora de Egresos, Laura González Ávalos, de 61 por ciento; la secretaría general de Gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez, 54 por ciento; el secretario de Oficina de la Gobernadora, Eduardo Jurado Escamilla, 54 por ciento, además de la secretaría de Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio con  54 por ciento;

Al número de funcionarios con aumento de sueldo se suma el de la contralora general, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, con 50 por ciento; el secretario de Administración, Víctor Manuel Torrero con  48 por ciento; el director general de Recursos Humanos, Pablo Galindo Morales, 46 por ciento; el consejero Jurídico, Roberto Rubio, 44 por ciento.

El 22 de julio y tras haber sido exhibidos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reconoció el aumento salarial, dijo que se revertiría y en su caso, regresaría el dinero que había percibo por este incremento durante los meses de abril, mayo y junio.