Mario Anguiano, la cara de la impunidad

Colima, México, Avanzada (29/10/2022).- Ni las acusaciones probadas, ni las sentenciadas emitidas por malversación de fondos públicos han impedido que el exgobernador priista, Mario Anguiano Moreno, se pasee como si nada pasara, en medio de la ineptitud del Congreso del Estado para cobrarle los 515 millones de pesos que debe regresar y de la complacencia del gobierno de Indira Vizcaíno Silva. 

Acusado de peculado y desvío de recursos, este noviembre de 2022 se cumplirán siete años desde que el priista dejó la titular del Poder Ejecutivo en Colima. Un año después de que concluyera su sexenio (2009-2015), una auditoría del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) reveló en octubre de 2016, que en los últimos tres años del gobierno de Mario Anguiano se desviaron más de 2 mil millones de pesos.

El entonces auditor estatal, Armando Zamora González, manifestó que el peculado más notorio fue descubierto en el rubro de servicios personales, con una cantidad de mil 867 millones de pesos que originalmente se presupuestaron para obra pública. Además, entre las observaciones también aparece el gasto en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos del despacho del gobernador.

Por otro lado, el informe evidenció la simulación de reintegros de fondos federales por el uso indebido de recursos durante los tres años auditados por 242 millones 839 mil pesos, hecho por lo que el gobierno anguianista enfrentó desde 2014 hasta ese momento, siete denuncias penales ante la llamada Procuraduría General de la República (PGR).

A partir de lo anterior se propuso inhabilitar a Mario Anguiano hasta con 14 años para ocupar cargos públicos locales, hecho que sucedió dos años después. El 27 de septiembre de 2018, el Congreso local lo sancionó con la suspensión propuesta y con una multa por 515 millones 174 mil 928 pesos.

Tras el escándalo por las anomalías en su gobierno, el exmandatario acudió en febrero de 2020 en la Fiscalía General del Estado para asegurar que no tenía solvencia para pagar la multa impuesta, afirmando que sus bienes no superaban los dos millones de pesos.

Si a una persona la encarcelan por haberse robado un objeto, al priista no le pasa nada aunque haya sido multado por malversación millonaria de recursos públicos. Igual se le puede ver en las cabalgatas como en eventos públicos, campañas electorales e incluso actos de gobiernos municipales.

Incluso el priista se da el lujo de formar una asociación civil y hacer recomendaciones al gobierno de Indira Vizcaíno. A principios de este mes, la organización “Actuemos Colima Ahora” que encabeza, firmó un acuerdo de voluntades en materia de mejora regulatoria con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en donde comentó que en la administración estatal morenista “no se perciben acciones que sean útiles y que les sirvan a la población”.

Pero el gobierno de Indira Vizcaíno no sólo ignoró los comentarios, sino además le es indiferente que el exmandatario pague la multa. Recientemente Avanzada documentó que a través de una solicitud de transparencia, la actual Secretaría de Planeación y Finanzas respondió que los cobros los debe hacer el Congreso, ya que fue quien dictó la sanción.

Paralelamente la Legislatura actual –que es la que dice el Ejecutivo que tiene que actuar-, cuenta con una mayoría de diputados emanados de Morena y partidos aliados; pero tampoco ha dado indicios de querer hacer cumplir al priista su multa por las anomalías cometidas contra los recurso de los colimenses.

A Mario Anguiano Moreno se le acabaron los recursos legales para defenderse. Pero tal vez le apueste a que su sanción en su contra prescriba en tres años, en 2025 (el Código Fiscal Federal establece que un crédito se extingue por prescripción en el término de cinco años; el Código Fiscal del estado señala que los créditos se extinguen por pago, compensación, cancelación, condonación, subrogación o prescripción); bajo la complacencia del Gobierno de Indira Vizcaíno Silva y la mayoría morenista del Congreso del Estado, evidenciando la cara de la impunidad en Colima.