EDITORIAL. Vínculos policías-delincuentes

Sin duda, uno de los principales obstáculos para que las corporaciones de seguridad y justicia cumplan a cabalidad sus funciones en México ha sido, desde hace muchas décadas, la infiltración que no pocas veces sufren por parte de miembros de la delincuencia organizada.

Pero la infiltración no sólo se da entre las bases de las corporaciones, lo peor se presenta cuando son los propios titulares de las dependencias los que se encuentran vinculados con los grupos criminales y muchas veces operan desde sus cargos públicos para delinquir en perjuicio de la sociedad, como se ha visto en tantos casos ilustrativos de esta situación a lo largo y ancho del país.

Desde esa perspectiva, llama la atención la recomendación que hizo a los gobiernos locales, en su rueda de prensa matutina del lunes 3, el presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Lo que se recomienda, pero no tenemos nosotros facultades, es que las autoridades locales procuren tener buenos secretarios de Seguridad Pública, y en su caso también buenos fiscales. Y esto significa gente íntegra: mujeres, hombres incorruptibles, que no se vinculen a la delincuencia, que sepan pintar su raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, porque cuando ya hay contubernios y acuerdos ya no se garantiza la tranquilidad y la paz. Entonces, eso es lo que se recomienda nada más, que sean buenos funcionarios; sí es muy importante quiénes ocupan esos cargos, de Seguridad Pública y de Fiscalía”.

Es una recomendación que parece muy razonable, sin embargo, el presidente no tomó en cuenta que en la actualidad la mayoría de las corporaciones estatales de Seguridad Pública, las de muchos municipios y buen número de fiscalías se encuentran encabezadas por personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y aunado a lo anterior, no se trata de funcionarios que hayan sido seleccionados por los gobernadores de los estados, sino que a éstos se los enviaron desde el centro, lo que ha sido aceptado por mandatarios y mandatarias —incluida la de Colima, Indira Vizcaíno Silva— con tal de desentenderse del tema de la inseguridad y la violencia, dejando esta problemática en manos de la Federación.

Bajo esta circunstancia, obviamente, al nivel de gobierno que le corresponde cuidar los perfiles de la mayoría de los funcionarios de seguridad en los estados es al federal, porque es el que tiene el control centralizado de estos funcionarios. Así también, le corresponde vigilar que los titulares de los poderes ejecutivos no vendan las plazas ni protejan de manera directa la operación de grupos del crimen organizado en sus territorios.

Y vale más que esta vigilancia se realice de manera permanente por los órganos y las instancias responsables de esta tarea, para evitar “sorpresas” en algunos estados, donde la contaminación de gobiernos y corporaciones no sólo podría encontrarse en las bases, sino algunos niveles más hacia arriba.