La reconformación del Tribunal de Justicia Administrativa y el nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado

ESTRICTO DERECHO

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, por la que, entre otros aspectos, se estableció la regulación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, así como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En el régimen transitorio se dispuso que, para hacer realidad esta reforma, el Congreso de la Unión debía expedir diversas leyes secundarias, entre ellas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y en su transitorio segundo se indicó que, dentro del año siguiente, el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales debían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

En cumplimiento a esta obligación, el 13 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial estatal el Decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Constitución local, entre las que destaca la transformación del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que era unipersonal, al actual Tribunal de Justicia Administrativa, que ahora se integra por tres magistraturas. 

Como parte de estos cambios normativos, el 16 de junio de 2018 se publicó en el Periódico Oficial la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, la cual dispuso en su transitorio cuarto que el entonces gobernador, dentro de los treinta días naturales siguientes, debía proponer al Congreso estatal los nombramientos de las tres magistraturas que integrarían el Tribunal de Justicia Administrativa. 

El 16 de julio de 2018, el gobernador remitió al Congreso la propuesta de nombramiento de Andrés García Noriega, Yarazhet Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa para ocupar las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ese mismo día, de forma sumarísima, el Congreso del Estado aprobó los nombramientos referidos, lo que motivó la impugnación de estos, mediante diversos juicios de amparo.

Agotado el procedimiento respectivo, el 22 de marzo de 2019, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito resolvió, en última instancia, un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por un juez de distrito, quien había sobreseído un juicio de amparo promovido en contra de estas designaciones. La sentencia, favorable al quejoso, fue contundente: se dejaba sin efectos el acuerdo legislativo por el cual se habían aprobado los nombramientos impugnados y, además, debía realizarse un proceso de selección y nombramiento de estas magistraturas conforme a lo dispuesto en la Constitución y tratados internacionales. En tanto se hacían las nuevas designaciones, quienes habían sido designados originalmente en dichas magistraturas permanecerían en sus cargos de forma interina.

Las reacciones no se hicieron esperar. Hubo muchos intentos de cambiar la decisión, se promovieron diversos medios de defensa y el asunto se llevó hasta la Suprema Corte, con la intención de que esta revirtiera el fallo. Todo fue inútil. El Máximo Tribunal señaló que la sentencia del tribunal colegiado era definitiva e inatacable. Solo quedaba cumplirla.

En diciembre de 2019, de manera unilateral, el gobernador Peralta empezó su proceso de selección de aspirantes – viciado por cierto-, el cual concluyó en febrero de 2020, con la propuesta para que el Legislativo nuevamente nombrara a Andrés García Noriega y Yarazhet Villalpando Valdez, a quienes se sumaría Bryant García Ramírez, para ocupar las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Durante marzo de 2020, en dos sesiones extraordinarias, no fue posible que se reunieran los votos requeridos en el Congreso para que se aprobaran las propuestas señaladas. Ante esta indefinición, en agosto de 2020, el gobernador publicó un acuerdo en el Periódico Oficial, por el que tuvo por aprobadas sus propuestas de nombramiento, a lo que se allanó el entonces diputado Guillermo Toscano, quien era el presidente del Congreso.

En noviembre de 2020, el juez primero de distrito determinó que la sentencia de amparo se encontraba cumplida; no obstante, las nuevas magistraturas no pudieron asumir, debido a que se interpusieron dos recursos de inconformidad. De nuevo, el gobernador buscó llevar el asunto a la Suprema Corte, y tampoco tuvo éxito. Finalmente, el 14 de julio de 2022, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito dio por terminado en definitiva el caso, dejando firmes los nombramientos de Andrés García Noriega, Yarazhet Villalpando Valdez y Bryant García Ramírez en las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa.

Consecuentemente, ha terminado el interinato de quienes hasta ahora siguen al frente del tribunal administrativo. Es impostergable que se tome protesta a quienes nombró Ignacio Peralta en dichos espacios, a efecto de que el tribunal se encuentre debidamente integrado y no se cuestione su legitimidad. En el caso del magistrado García Noriega y de la magistrada Villalpando Valdez será un mero trámite. Empero, con el tercer magistrado, que ejerce actualmente como Fiscal General, surgen las interrogantes: ¿asumirá la magistratura que le concedió el anterior gobernador? ¿o permanecerá en su actual cargo, que también le fue otorgado por Ignacio Peralta? ¿dónde quiere Indira Vizcaíno que se desempeñe?

Sea cual sea su respuesta, en las próximas semanas habrá la necesidad de que el Congreso, a propuesta de la gobernadora, nombre a otra persona como titular de la Fiscalía General o, en caso de que Bryant García permanezca en el puesto, se designe una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa en el lugar que quedará vacante. Cualquiera de las dos opciones es posible, pero también urgente, porque el interinato ha quedado sin sustento jurídico, dejando al tribunal en una posición muy comprometida. Es cuánto. 

OTROSÍ: como lo anticipamos, ya empezaron a surgir los señalamientos de corrupción en relación con las Colibecas, particularmente con el proceso de licitación amañado y los sobreprecios de las computadoras portátiles. ¿Qué esperan la Contralora estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la titular de OSAFIG para tomar cartas en el asunto? ¿Acaso necesitan que primero les dé permiso la gobernadora?