EDITORIAL. Sumisión del Congreso a la gobernadora 

Al concluir el Primer Año de Ejercicio Constitucional del Congreso del Estado, se confirmó plenamente la completa sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo, que encabeza la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva.

Aunque ya se había visto esa situación en otros temas importantes para Colima, en la última sesión del periodo ordinario se evidenció que, como en la gran mayoría de los gobiernos anteriores, no existe en Colima división de poderes y es el Ejecutivo el que se impone, en este caso, al Legislativo.

Si fuera de otra manera, no se habrían aprobado este miércoles al vapor, tan sólo en unas cuantas horas, sin análisis ni discusión seria por parte de los diputados, las iniciativas enviadas apenas el martes por la mandataria para que el Congreso le autorizara un nuevo endeudamiento por 65 millones de pesos y un refinanciamiento para la reestructuración de créditos de largo plazo por más de 3 mil millones de pesos, con lo que se alargará el endeudamiento de los colimenses por hasta veinte años más.

El crédito por 65 mdp fue presentado por la titular del Ejecutivo ante el Congreso como una autorización para gestionar un adelanto del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) a través de un mecanismo de financiamiento por hasta esa cantidad.

Esos recursos, aseguró la gobernadora en su iniciativa, “serán destinados a obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, o las zonas de atención prioritaria, cuyos rubros de inversión deben ser agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo”. 

El dictamen, elaborado vía fast track, sin oportunidad para que los legisladores analizaran el asunto con seriedad, estableció la autorización con el argumento de que “nuestra entidad federativa tiene zonas de atención prioritaria, rurales y urbanas de ‘Muy Alta a Alta Marginación, teniendo Muy Alto a Alto Grado de Rezago Social’, puesto que no afecta dicho Techo de Financiamiento, en virtud de estar respaldado y comprometido el Fondo ya mencionado. La gestión de estos recursos será hasta por un plazo de 6 años, contados a partir de la formalización y/o primera disposición correspondiente, sin rebasar en ningún caso del 01 de octubre de 2027”. 

En otro dictamen presentado en esa sesión, los legisladores autorizaron al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, también sin discusión, la reestructuración de la deuda pública directa de largo plazo del Gobierno del Estado de Colima, hasta por un monto de tres mil veintiséis millones trescientos diecinueve mil ochocientos diez pesos, “en las mejores condiciones de mercado con las instituciones del sistema financiero mexicano, lo que permitiría la generación de los flujos necesarios para dotar de mayor liquidez al Estado”.

De acuerdo con el documento, la deuda pública directa de largo plazo que se contempla son ocho créditos contratados por distintos montos, en las siguientes fechas: junio de 2008; febrero de 2012, julio de 2013; agosto de 2013; abril de 2018; octubre de 2019 y dos de ellos contratos por separado en el mes de diciembre de 2020, que dan el monto señalado anteriormente. 

El dictamen aprobado por el Congreso señaló que el o los contratos que se celebren podrán contratarse hasta por un plazo de 20 años, contados a partir de la primera disposición correspondiente, en el entendido que cada instrumento deberá señalar el plazo máximo y la fecha de vencimiento.

Llamó la atención que para la aprobación de estos asuntos la gobernadora contó con el control de casi todos los integrantes del Congreso, pues de 24 diputados presentes hubo 22 votos en favor y sólo se opusieron dos legisladores, el priista Héctor Magaña Lara y el panista Crispín Guerra Cárdenas, quienes cuestionaron en la tribuna la rapidez con la que fueron presentados ante el pleno los dictámenes, sin oportunidad para el análisis ni el debate.

Situaciones como las que se vivieron este miércoles en el Congreso local demostraron que ese poder no está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de fungir como representante del pueblo, pues en realidad a la mayoría de los legisladores no les interesa la población, pues son aliados de la gobernadora.

La propia coordinadora de la fracción de Morena, Isamar Ramírez Rodríguez, lo confesó en su discurso de clausura del primer año, al señalar que han mantenido una “total coordinación con la titular del Poder Ejecutivo, en quien confiamos plenamente”.

No entiende esta diputada que los representantes populares no están ahí para someterse y “confiar plenamente” en el Poder Ejecutivo, sino para vigilarlo y fiscalizarlo, además de legislar, manteniendo la independencia de poderes aún cuando pertenezcan al mismo partido político.