La grave descomposición del Tribunal Electoral del Estado

ESTRICTO DERECHO

El Tribunal Electoral del Estado está enfrentando una severa crisis institucional; a tal grado que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 3 de agosto, les “corrigió la plana” enormemente en dos sentencias, en los Juicios de la Ciudadanía 551/2022 y 588/2022.

Para mejor comprensión, nos remontaremos a la profunda renovación que sufrió en 2014 la integración de este tribunal, con motivo de la reforma político-electoral a la Constitución Federal; debido a ello, hubo necesidad de sustituir a quienes integraban hasta ese momento el tribunal electoral local, y el Senado, ya no el Congreso estatal, nombró a Roberto Rubio por 3 años, Guillermo Navarrete por 5 años, Ana Carmen González Pimentel por 7 años, y como magistraturas supernumerarias a Yedit Prado y Ángel Durán, ambos por 7 años. 

En 2017 concluyó su periodo Roberto Rubio, y se nombró magistrada a María Elena Díaz Rivera, como una cuota de la entonces Senadora por el PRI. En 2019, se sustituyó a Guillermo Navarrete, y entró José Luis Puente, una cuota que se otorgó al Senador Joel Padilla; en octubre de 2021, se dio el vencimiento de los nombramientos restantes: la magistrada numeraria Ana Carmen González Pimentel y los supernumerarios Yedit Prado y Ángel Durán; sin embargo, por así establecerlo nuestro código electoral, en tanto no se sustituya a quienes vencieron sus nombramientos, estos se prorrogan. 

De hecho, el año pasado, el Senado emitió convocatoria pública para que se inscribieran quienes aspiraran a ocupar estos espacios; incluso, los tres mencionados se podían reelegir, y se inscribieron para participar nuevamente, aunque se decía que era ocioso, porque se daba por hecho que ratificarían a Ana Carmen, quien se había portado muy bien con la 4T al garantizarle la elección a la actual gobernadora. Sin embargo, hasta el momento, el Senado sigue sin realizar estas designaciones.

La propia Ana Carmen veía tan segura su reelección, que dejó la presidencia del Tribunal Electoral, pues su reelección sería un mero trámite y, cuando esto ocurriera, retomaría sus funciones e incluso volvería como presidenta. Empero, como nada de esto sucedió, Ana Carmen mejor decidió regresar como magistrada al tribunal electoral y ahí comenzaron los problemas que generaron esta crisis. Hay voces que dicen que Ana Carmen nunca se fue y, aunque dejó la presidencia en las manos de la actual presidenta Díaz Rivera, solo fue de facto, porque el control total, como venía ocurriendo desde hace varios años, lo tenía Ana Carmen junto con su proyectista, como se demostró en el pasado proceso electoral. 

Cuando regresó Ana Carmen al tribunal, parecía que todo estaba bien, ahora con Díaz Rivera como presidenta, sin embargo, en mayo de 2022 algo pasó, se habla de crisis emocionales muy fuertes al interior por confrontaciones entre la nueva presidenta y la anterior, que terminaron con la renuncia de Ana Carmen y de su proyectista. 

A partir de ese momento, la historia se divide en dos capítulos: el primero relativo al reclamo de Ana Carmen y su proyectista, quienes solicitaron que les cubran finiquitos, por lo que el tribunal debió pedir una ampliación presupuestal por varios cientos de miles de pesos, ya que la actual presidenta dice no tener dinero para pagar lo exigido. Este asunto también llegó a la Sala Superior, pero no les dieron la razón; les dijeron que promovieran en la vía laboral. 

El segundo capítulo se relaciona con la ausencia de la exmagistrada; su vacante debe ser cubierta por un supernumerario; de las dos opciones existentes para suplirla, la actual presidenta, por si sola, decidió no convocar a ninguno, al considerar suficiente que ella, junto con el magistrado José Luis Puente, sean quienes integren el tribunal. Esta situación se controvirtió ante la Sala Superior, la cual resolvió que el tribunal es colegiado, debe estar integrado por tres titulares, y que para eso están las magistraturas supernumerarias.

He ahí el problema, que la presidenta Díaz Rivera y el magistrado Puente quisieran que Yedit integre el pleno, pero hay un grave inconveniente: la magistrada supernumeraria Yedit Prado está casada con el magistrado Puente; entonces él no puede votar por ella, porque incurriría en conflicto de interés, y eso no ha permitido que puedan designarla, ya que Ángel Durán, el otro magistrado supernumerario, es bastante incómodo para ellos.

Evidentemente, la Sala Superior, al determinar que procedieron ilegalmente la presidenta y el magistrado Puente, anuló los acuerdos que desde mayo habían emitido solo ellos dos. En segundo lugar, les ordenó que sesionen y decidan cuál magistratura supernumeraria integrará el pleno del Tribunal. Indudablemente, solo pueden nombrar a Ángel Durán, porque si nombran a Yedit Prado se les podrían fincar responsabilidades. 

Incluso, el hecho de que la Sala Superior resolviera que actuaron indebidamente, sería suficiente para que la magistrada Díaz Rivera y el magistrado Puente fueran sancionados, porque es inexcusable su desconocimiento de la ley; y peor todavía si conocían la ley y, a sabiendas, decidieron violarla. Esta semana tienen que dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior; veremos qué decisión toman.

OTROSÍ: Se avecina la temporada de colibecas, colimochilas, coliútiles escolares, y es importante que estemos pendientes de los procesos de adquisición de estos materiales que próximamente repartirá la gobernadora. ¿Quiénes serán los proveedores bendecidos con estos cientos de millones? ¿A quiénes les devolverá los favores recibidos en fechas pasadas?