El rezago de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado

ESTRICTO DERECHO

Hoy analizaremos el trabajo que ha realizado una de las comisiones legislativas permanentes del Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Francisco Rubén Romo Ochoa, e integrada además por la diputada Colima Natali Méndez García y el diputado José de Jesús Dueñas García, quienes se desempeñan en las secretarías de dicho cuerpo colegiado. 

Es importante que no confundamos esta comisión legislativa con otra comisión que existe en este rubro, ya que tienen y ejercen distintas atribuciones, y me refiero a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que es presidida por Roberto Ramírez, ya que esta última es un órgano constitucional autónomo que tiene a su cargo a cargo la protección y defensa, en nuestra entidad, de los derechos humanos que reconoce el orden jurídico mexicano y, en caso de que se violen estos derechos humanos, formula recomendaciones públicas, no vinculatorias, dirigidas a las autoridades y los servidores públicos que hayan incurrido en esos actos u omisiones.

Debido a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la naturaleza de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos sufrió diversas modificaciones, entre ellas la que estableció, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando todo mundo ignoraba el trabajo de estas comisiones, que a partir de ese momento toda autoridad o servidor público quedaba obligado a responder las recomendaciones que estas les dirigieran y, en caso de que no aceptaran o no cumplieran lo que indicaban estas recomendaciones, tenían el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, en el que quizá fue el cambio más importante, se otorgó a las legislaturas de las entidades federativas la facultad de poder llamar, como acontece en nuestro caso, a solicitud de la comisión estatal de derechos humanos, a las autoridades o servidores públicos remisos, para que comparezcan ante el Poder Legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Como se puede advertir, esta reforma pretendió, como se dice coloquialmente, darles dientes a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, para que, sin llegar al extremo de hacer vinculantes sus recomendaciones, estas fueran tomadas en serio por las autoridades que vulneraran derechos humanos. Por esa razón, se dispuso que, a partir de ese momento, si algún servidor público no acepta o no cumple una recomendación en esa materia, el Congreso del Estado lo puede llamar a cuentas, a efecto de que, en una sesión pública, le explique a las y los representantes populares el porqué de su rechazo.

Este tema incluso lo ha regulado el Congreso local en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ordenamiento que, en sus artículos 205 y 206, detalla los términos en los que se debe llevar a cabo la correspondiente sesión pública del Congreso en la que tendría lugar la comparecencia del servidor público remiso. 

Precisado lo anterior, es momento de abordar el tema que nos ocupa, el cual tiene que ver precisamente con diversas recomendaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en contra de diversas autoridades estatales y municipales, mismas que no han aceptado las recomendaciones mencionadas. 

Es importante referir que, a raíz de una solicitud ingresada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, le pedimos al Congreso del Estado que nos informara el número de solicitudes realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, durante la actual LX Legislatura, para que el Poder Legislativo llame a comparecer ante el Pleno a autoridades o servidores públicos que no hayan aceptado o cumplido las recomendaciones que les haya presentado dicho organismo autónomo, a efecto de que expliquen su negativa. 

En respuesta, por conducto de su Unidad de Transparencia, el pasado 14 de junio, el Congreso del Estado nos hizo entrega de un oficio firmado por el Director Jurídico de dicha entidad, en el que nos informó que, durante esta Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima ha realizado un total de 4 solicitudes, respecto de 4 autoridades que no aceptaron la recomendación que dicha Comisión estatal les formuló; solicitudes que, por ser de su competencia, fueron turnadas a la Comisión legislativa de Derechos Humanos a la que nos referíamos al inicio, para que hiciera un análisis de las mismas, y procediera en los términos que establece nuestro orden jurídico. 

Hay que tener presente, por así disponerlo el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que las Comisiones legislativas deben estudiar, analizar y dictaminar los asuntos que se les remiten en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que recibieron los expedientes respectivos.

En el tema que nos ocupa, las solicitudes para que se llame a comparecer a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima fueron recibidas en el Congreso del Estado los días 19 de octubre, 03 y 04 de noviembre de 2021, lo que significa que las cuatro solicitudes ya tienen más de 08 meses durmiendo el sueño de los justos en los cajones de la Comisión legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado, rebasando por mucho el término de 30 días hábiles para que dicha comisión legislativa hubiera emitido su correspondiente dictamen. 

Al preguntarle al Congreso, por medio de la solicitud de transparencia que referí, cuáles eran las razones por las que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, no se ha llamado a comparecer a ninguna autoridad durante la actual Legislatura, aun cuando existen estas 04 peticiones expresas de la CDHEC en ese sentido, obtuvimos como respuesta que, en una de las cuatro solicitudes, en el mes de enero de este año, habían realizado una mesa de trabajo con las partes involucradas, en la que hubo diálogo, pero ningún resultado, por lo que posteriormente se celebraría otra reunión que, hasta la fecha no ha ocurrido.

Respecto de las otras tres solicitudes, el Congreso pretendió justificar su omisión al señalar, como si de Cantinflas se tratara, que sigue analizando los expedientes respectivos, y que, si bien no ha citado a comparecer a ninguna autoridad, hasta el momento tampoco existe una negativa en relación con lo solicitado. El caso es que en esas tres solicitudes no han hecho absolutamente nada.

Adicionalmente, refirió el Director Jurídico que era importante señalar que la comisión legislativa de Derechos Humanos acababa de ser reestructurada el pasado 17 de mayo. Argumento que no es posible tener en consideración, dado que, al día siguiente de la respuesta, esto es, el 15 de junio de 2022, otra vez se hizo una reconformación de las comisiones legislativas, entre ellas la de Derechos Humanos, la cual se aprobó que nuevamente fuera presidida por el diputado que la había encabezado desde el inicio de la presente Legislatura. 

Todo lo expuesto nos lleva a concluir que la Comisión legislativa permanente de Derechos Humanos, presidida por el diputado Rubén Romo, e integrada además por la diputada Colima Méndez y el diputado Chuy Dueñas, como titulares de las secretarías de la comisión, tiene pendiente atender y desahogar una tarea muy importante, ya que estamos hablando de cuatro autoridades locales que, según lo determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, violaron derechos humanos de diversas personas y, cuando menos, le deben una explicación al pueblo de Colima. 

Y esta explicación no la hemos podido conocer, por la indolencia y la flojera que caracterizan a estos legisladores, particularmente al diputado Rubén Romo, presidente de la citada comisión, quien ha preferido destacar por sus actitudes porriles y arrabaleras, en lugar de ponerse a trabajar, y así desquitar los más de 140 mil pesos que se lleva del erario cada mes, pues los asuntos ya cumplieron más de 08 meses en la comisión que preside, y es inconcebible que hasta ahorita no hayan sido capaces de dictaminarlos. ¡Qué gente tan inútil! 

Y en verdad es importante que, como sociedad, conozcamos las razones que hicieron valer estos servidores públicos para no aceptar estas recomendaciones, porque se trata de autoridades con un peso específico; estamos hablando del entonces Secretario de Educación, de la Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, del entonces Secretario de Administración, y de la entonces Secretaria de Salud. Y si bien, salvo el caso de la presidenta municipal, el resto fueron los secretarios anteriores, con mayor razón es relevante que se llame a comparecer a los actuales titulares, a efecto de comprobar si este gobierno estatal es verdaderamente diferente al anterior y repara las afectaciones causadas, o bien, se comportan igual que en el gobierno de Nacho Peralta y persisten en la nociva actitud de violar los derechos humanos de las personas. 

OTROSÍ: Hablando de exgobernadores, la semana pasada vimos con asombro la gran preocupación que surgió entre las diputadas y diputados locales de Morena, respecto de un supuesto ilícito cometido por Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche. Alguien debería avisarles que, aquí en Colima, está más que demostrado que el exgobernador Nacho Peralta cometió innumerables delitos y faltas. Y a pesar de que la 4T tiene bajo su dominio el Congreso, la Fiscalía y la Contraloría, hasta ahorita, como dice el propio López Obrador, no han podido o no han querido quitarle una sola pluma a ese gallo. ¡Ya basta del pacto de impunidad!