Fiscalía Anticorrupción ya debió determinar la situación legal del exgobernador por la simulación en la adquisición de la Zona Militar

Colima, México, Avanzada (04/05/2022).- Para el especialista en derecho, Rumualdo García Mejía, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción ya tendría que haber llevado la investigación en contra del ex gobernador, Ignacio Peralta Sánchez por la compra irregular de la Zona Militar al juez penal o en su caso, haber determinado la improcedencia de la denuncia presentada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), “pero por el tiempo transcurrido tendríamos que conocer la conclusión”.

El abogado enfatizó que hace un año el OSAFIG presentó una denuncia ante la Fiscalía, después de que concluyó que el gobierno estatal utilizó para otro fin que el autorizado por el Congreso, los 200 millones de pesos que se destinarían para la compra los terrenos de la zona militar en la Calzada Galván.

Explicó que el plazo de un año es suficiente para que dicha dependencia realizara su trabajo con la finalidad de llevar el tema ante un juez para que éste determine la pena carcelaria o en su caso, desestimar la querella, “pero también es importante precisar que el OSAFIG no se puede desentender del asunto porque debe haber un seguimiento y un interés del órgano fiscalizador para que la Fiscalía cumpla con su tarea”, dijo.

García Mejía manifestó que incluso, si la investigación sobre el expediente no avanza, “El OSAFIG tendría que estar moviéndose, y buscando la manera de que este asunto camine en el sentido que sea, pero que se tome una determinación y no sólo que se quede congelado”.

No obstante, explicó que incluso, sí el OSAFIG se desentendiera y no cumpliera cabalmente con la función que debe desarrollar en el tema, “en el Congreso está la comisión de Vigilancia del OSAFIG y tiene las facultades para exigirle a la titular del órgano de fiscalización que cumpla con sus funciones e informe lo que está sucediendo, porque de no ser así, se toma una actitud cómoda al decir que ya se llevó el escrito, se presentó la denuncia y que suceda lo que deba de pasar”.

El abogado afirmó que se debe insistir y buscar los mecanismos para las que las denuncias avancen y haya una conclusión, “y si la Fiscalía no lo hace, el OSAFIG tiene que presionar y si el OSAFIG no lo hace, ahí está la comisión de Vigilancia en el Congreso que tendría que llamar a cuentas a la titular del OSAFIF, pero aparte de la comisión de Vigilancia se encuentra la Comisión legislativa de Transparencia y Anticorrupción y debería de tomar cartas en el asunto y llamar a cuentas al titular de la Fiscalía”.

Así también explicó el órgano de fiscalización ya tienen los elementos  que lo hacen suponer que hubo irregularidades en el uso de los 200 millones de pesos, por lo tanto, puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que se finque una responsabilidad a los involucrados, que podría ser el resarcimiento de los recursos.

Manifestó que ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el OSAFIG sería la parte acusadora, por una parte y en la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde a la dependencia llevar el asunto y ejercer la acción penal, “el tema se estaría tratando en dos asuntos, el administrativo y el penal, pero ahorita quien tiene el balón en su cancha para llevar a cabo la investigación es la Fiscalía”.

Al cuestionarle qué delitos se estarían configurando en la simulación de la compra de la zona militar y el uso irregular de 200 millones de pesos, refirió que eso dependerá de los elementos con los que cuente la investigación, “sería aventurado de mi parte decir exactamente cuál delito porque desconozco el contenido (de la averiguación) pero pudiera ser el peculado, desvío de recursos, por ejemplo”, concluyó.

*En la fotografía, el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, “obviamente a mí también me gustan los tacos”, compartió en su red social, un día en el “rincón del chicharrón”.