En Colima las denuncias contra Peralta son a cuenta gotas; en Michoacán, gobierno “acorrala” a Aureoles

Colima, México (28/02/2022).- Mientras que en Michoacán es el propio gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla el que promueve y les da seguimiento a las denuncias para juzgar al ex gobernador de ese estado, Silvano Aureoles por el presunto desvío de recursos, en Colima las acciones emprendidas por el gobierno en contra del ex mandatario, Ignacio Peralta Sánchez caminan más lento y aparecen a cuenta gotas.

En Michoacán, la secretaría de la Contralora, Azucena Marín Correa confirmó que cuatro de las denuncias en contra ex funcionarios se interpusieron en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, pero también, en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

En el caso del gobierno de Colima que encabeza, Indira Vizcaíno Silva, ha presentado cinco denuncias en contra del ex gobernador, Ignacio Peralta Sánchez y algunos de sus exfuncionarios. Cuatro de ellas ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y una más, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Sin embargo, ninguna de las querellas para investigar al ex mandatario colimense han salido del ámbito estatal a diferencia de lo que sucede en Michoacán.

El viernes 10 de diciembre, el titular de la consejería Jurídica del Gobierno de Colima, Roberto Rubio Torres informó sobre las primeras cuatro denuncias interpuestas en contra del gobierno de Peralta. Las denuncias interpuestas son por la presunta responsabilidad en delitos relacionados con hechos de corrupción en el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que resulten.

Según la información, las querellas fueron interpuestas ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Contraloría General del Estado y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por la decisión de basificar a 229 personas dentro de la plantilla laboral del gobierno estatal, sin ningún soporten jurídico.

Un mes después, el 11 de enero de este año, el gobierno de Colima interpuso la quinta denuncia ante la Fiscalía para el Combate a la Corrupción por el presunto desvío de 400 millones de pesos en la construcción del edificio del “C5i”.

Además, este mes de febrero, la Comisión de Responsabilidades en el Congreso local aceptó dos de las cuatro solicitudes de juicio político en contra del ex gobernador de Colima, y quien fuera su secretario de Finanzas, el actual diputado del PRI, Carlos Noriega García. La mayoría de las solicitudes se interpusieron entre octubre y noviembre del año pasado.

Hasta el momento, el gobierno del Estado de Colima no ha presentado ninguna otra denuncia en el ámbito estatal ni federal y tampoco ha informado sobre el avance de las mismas.

En la edición de esta semana, la revista Proceso publicó el reportaje “La Justicia va por Silvano Aureoles: Un desfalco a Michoacán por más de 50 mil millones de pesos”. En dicho reportaje se documenta cómo el gobierno del morenista, Alfredo Ramírez Bedolla se ha encargado de promover e impulsar acciones penales en el ámbito estatal como federal en contra del ex gobernador, además del juicio político que existe en el Congreso de ese estado.

En dicho reportaje se menciona, que el gobierno de Michoacán, también denunció a Silvano Aureoles ante la FGR donde existe una carpeta de investigación abierta en contra del ex mandatario y varios de sus colaboradores.

En el reportaje, el secretario general de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña informó que por la naturaleza de las investigaciones se mantendría la secrecía de los detalles, pero detalló que entre los hallazgos se encuentran firmas de contratos con empresas sin capacidades financieras, así como adjudicaciones irregulares,

En el caso de Colima y a pesar de que la propia gobernadora, Indira Vizcaíno Silva señaló que la deuda que heredó del gobierno de Peralta Sánchez es por 11 mil millones de pesos, además que detectó una serie de contratos sospechosos como el realizado para la construcción del “C5i”, no se han interpuesto denuncias en el ámbito federal y no se ha informado sobre las querellas interpuestas en la Fiscalía local.