EDITORIAL. Colima, violencia incontrolada

Días después del inicio del gobierno de Indira Vizcaíno Silva, el nuevo secretario de Seguridad Pública, Manuel Llerandi Ruiz, ofreció que al final del mes de noviembre se empezarían a percibir los resultados en la estrategia policial.

Dijo que se regresarían a las calles a muchos elementos policiacos que estaban realizando funciones administrativas, pero planteó un plazo de un mes para empezar a ver cambios, porque “no se puede eliminar de un día para otro lo que está pasando en Colima”.

Sin embargo, a más de dos meses y medio del actual gobierno, la situación de inseguridad y violencia no sólo no ha disminuido, sino que lamentablemente se agravó. La realidad así lo muestra.

En lo que va de este año ha sido evidente el incremento en casos de asesinatos, cuerpos de personas ejecutadas, hallazgo de fosas clandestinas, diseminación de bolsas con restos humanos en diversos lugares públicos, incluido un plantel preescolar, así como la altísima incidencia de personas desaparecidas, que las propias instituciones oficiales dan a conocer con nombre y apellidos, y que en promedio se está registrando una desaparición diaria.

Asimismo, recientemente ocurrió el asesinato de un comandante de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, que constituyó una afrenta para el gobierno de Indira Vizcaíno, como ella misma tuvo que reconocerlo.

Una de las primeras acciones anunciadas por el gobierno morenista para abatir la inseguridad en el estado fue la incorporación de 200 elementos de la Secretaría de Marina al patrullaje de las calles, pero esta medida no ha mostrado efectos positivos en la reducción de la criminalidad en el estado.

Otra medida cacareada por la administración indirista fue la entrega de más de 150 patrullas nuevas a las corporaciones municipales y estatales, pero más que mostrar buenos resultados, estos vehículos se convirtieron en un factor de escándalo por la poca claridad y transparencia en torno a su arrendamiento, en una operación de cientos de millones de pesos que implica a los gobiernos de José Ignacio Peralta Sánchez e Indira Vizcaíno, para favorecer a una empresa vinculada al expresidente Enrique Peña Nieto.

Y así, entre promesas incumplidas, militarización fallida y negocios con los recursos destinados al área de seguridad, el gobierno de Indira Vizcaíno ha sido hasta ahora incapaz de ofrecer al menos una ligera mejoría en la situación de inseguridad y violencia. Es verdad que la resolución total de la problemática requiere mucho tiempo, más allá de un sexenio, pero lo menos que podría esperarse de un gobierno que prometió una transformación es una serie de acciones que perfilen el camino hacia un verdadero cambio.

Cada persona que sigue muriendo víctima de la violencia, cada persona que sigue desapareciendo en Colima, cada persona que sufre daños severos en su patrimonio pasa a formar parte del saldo trágico de otro gobierno que llegó cargado de promesas y hasta ahora no ha demostrado capacidad ni voluntad de hacer las cosas de manera diferente.