Un gobierno para todas y todos

El lunes antepasado, la gobernadora Indira Vizcaíno asumió la titularidad del Poder Ejecutivo y la conducción de la administración pública estatal. Durante su toma de posesión, la mandataria señaló el comienzo de un gobierno de todas y para todas las personas, en sustitución de aquellos que solo han estado al servicio para unos cuantos. Y no es para menos. La opacidad en el manejo de los recursos, la discrecionalidad en la toma decisiones y la captura de los cargos públicos han sido características constantes en la forma de gobernar a nivel local. Así, la nueva administración dejó en claro la intención de dejar atrás “los malos gobiernos, indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente” ¹ en el que las decisiones las tomaban unos cuantos para su propio beneficio y el de sus cercanos.

La intención de la mandataria de construir un gobierno para todas y todos tiene frente así enormes desafíos para traducir en un proyecto claro y puntual dicho propósito. El asunto no es menor, un proyecto con visión de mediano y largo plazo significaría contar con una ruta clara y explícita para cambiar sustantivamente las reglas del juego que hasta ahora han favorecido la opacidad, la discrecionalidad y la captura. Además, un proyecto factible, pertinente y coherente permitiría atender de manera integral y gradual las condiciones institucionales que durante décadas han mermado y pervertido el funcionamiento de la administración pública local. A continuación, muestro una serie de medidas que contribuirían a dicho propósito.

El nuevo gobierno tendría que sustituir el reparto tradicional de los cargos públicos con base en criterios políticos, partidistas o personales por uno basado en criterios de mérito y profesionalización. Además, la nueva administración tendría que combatir la opacidad en el manejo de los recursos mediante la disponibilidad de información clara, accesible y de calidad. Lograr una mayor transparencia no debe acotarse al mero cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación, sino que es necesario generar mecanismos que faciliten información útil y pertinente a la ciudadanía. Asimismo, el gobierno tendría que combatir la discrecionalidad en la toma de decisiones mediante el establecimiento claro de responsabilidades, funciones y atribuciones, así como con la incorporación sustantiva de la participación ciudadana en la toma de decisiones con ejercicios claros, transparentes y alejados de cualquier tipo de simulación.

Cada programa o acción del nuevo gobierno tendría que estar en posibilidades ser monitoreado y evaluado, tanto por agentes internos como externos, para conocer sus resultados e impactos. Atrás deben quedar ya los programas y acciones clientelares, con miras de corto plazo y basados en ocurrencias, para dar lugar a acciones gubernamentales eficientes y capaces de transformar las condiciones de vida de la población. Finalmente, el nuevo gobierno tendría que rendir cuentas sobre cada una de sus acciones, lo que implica que cada acción debe ser informada y justificada a la población y, en su caso, sancionada.

Cada una de estas medidas representarían no sólo un beneficio para la ciudadanía, sino una mejor manera de gestionar internamente los asuntos cotidianos de la administración pública (basta recordar la dificultad que enfrenta el nuevo gobierno para conocer a fondo la magnitud del desastre financiero a causa de la opacidad en el manejo de los recursos). Profesionalización, transparencia, participación ciudadana, monitoreo y evaluación de programas y acciones, así como rendición de cuentas representan condiciones indispensables, pero no suficientes para transitar hacia un gobierno eficaz, eficiente y democrático. Construir un gobierno para todas y todos requiere, indispensablemente, de cambiar las inercias, rutinas y reglas del juego que hasta ahora han orientado la acción política, gubernamental y administrativa del Estado colimense.