Colima, México, Avanzada (17/08/2018).- Consideró gravísimo que durante el 2017, únicamente se resolvieron el 0.2 por ciento de las investigaciones que se iniciaron en las agencias del Ministerio Público estatal.
“Yo soy abogada que litiga y me doy cuenta que las agencias del Ministerio Público no judicializan los asuntos, y en los pocos casos que judicializan, los jueces deben estarles exigiendo que cumplan con los plazos legales para que aporten pruebas, porque no les dan seguimiento”, dijo.
Ruiz Visfocri expresó que en el 2017, el Ministerio Público únicamente llevó ante el juez un solo caso de feminicidio, “cuando sabemos que la entidad ocupó el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, tanto en los catalogados como homicidios dolosos y los reconocidos como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”.
La abogada manifestó que existe negligencia por parte del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, para atender el problema, “en un estado con altas tasas de violencia, prácticamente se está institucionalizando la impunidad”.
Puntualizó que los presuntos responsables de los delitos saben que no se les castigará aunque existan denuncias por ello, y se les dé seguimiento, “vemos que no se judicializa el grueso de los expedientes, y en caso de que lleguen ante el juez, no le dan el seguimiento adecuado”.
Adriana Ruiz Visfocri insistió que el gobernador es el responsable directo de la situación que acontece en el Ministerio Público, aunque expresó que también tienen culpa los encargados de la Procuraduría estatal y Seguridad Pública.
“Los ciudadanos, las asociaciones hemos exigido que se actúe, pero no hemos encontrado respuesta al gobernador. Creo que no se les debe echar tanta culpa a los Ministerio Públicos, aunque tienen responsabilidad, pero en el primer año de este gobierno, la PGJE tuvo un procurador y cuatro encargados de despacho, entonces es complicado”.
El reporte “Hallazgos 2017. Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por las organizaciones México Evalúa y el CIDAC señala que en Colima, que la parálisis en el sistema de justicia penal se evidencia por poca capacidad de respuesta al crecimiento sostenido de asuntos que llegan al Ministerio Público.