Colima, México, Avanzada (10/09/2020).- En teoría, la esclavitud se abolió en México hace 200 años, pero en la práctica sigue vigente aunque de otras formas, y con otros procesos que aquellos que imperaban antes de la guerra de Independencia.
En la actualidad, los jornaleros agrícolas padecen condiciones de trabajo que podrían catalogarse como la esclavitud moderna, pues laboran desde antes que salga el sol y hasta que se oculta, con un salario que apenas les permite sobrevivir, sin prestaciones y sin ninguna autoridad que realmente vigile y frene los abusos de los que muchas veces son objeto.
En Colima, el 23 de marzo de 2015, la secretaría del Trabajo rescató a 48 trabajadores agrícolas mixtecos, entre ellos 13 menores de edad, que laboraban en una pepinera en la capital del estado y que eran explotados laboralmente.
En su recomendación 15/2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que entre las principales violaciones a la normatividad laboral documentadas se encontró que en ese lugar existía “trabajo infantil en su modalidad de trabajo forzoso, trabajo agrícola expuesto a sustancias peligrosas como plaguicidas y pesticidas, sin ningún equipo de protección y carencia de seguridad social”.
Además, “ausencia de control en el manejo de sustancias químicas para jornaleros y fumigadores, acceso sin ningún tipo de restricción de los niños a sustancias químicas, que ponen en riesgo grave su salud; condiciones insalubres, sin baños o letrinas, sólo con un pozo distante del lugar; no les proporcionaban alimento, ni agua potable; y el sueldo era pagado a destajo, por lo que en algunas jornadas no alcanzaba a cubrir ni el salario mínimo”, señala la recomendación.
Por su parte, a través de un comunicado de prensa, la secretaría del Trabajo señaló que los datos proporcionados durante la inspección, los jornaleros agrícolas procedentes de Guerrero recibían un pago de $3.00 (tres pesos 00/100 M.N) por cada cubeta de pepino y laboraban desde las 6:00 de la mañana hasta las 16:00 horas, incluso los 13 niños que no contaban con la edad para trabajar.
Además, los jornaleros no contaban con ninguna prestación de ley, no se les proporcionaba alimentos suficientes y adecuados e incluso los materiales para construir sus precarias viviendas eran sufragados de sus propios ingresos.
Derivado de este hecho, la CNDH dictó una serie de medidas a diferentes instancias gubernamentales y solicitó a las autoridades locales a inspeccionar las condiciones en las que laboran los jornaleros agrícolas, así como advertir la presencia de niñas, niños y adolescentes, cuyas condiciones sean de vulnerabilidad, se les brinde protección integral para garantizar sus derechos humanos, sin embargo, a cinco años de esa situación, los jornaleros agrícolas en el estado siguen laborando en condiciones precarias que ponen en riesgo sus vidas y las de sus hijos.
El pasado lunes, dos menores de 8 y 4 años de edad murieron cuando la camioneta en la que viajaban volcó en un canal de agua en el municipio de Tecomán. Los dos infantes iban con un grupo de trabajadores agrícolas, que en su mayoría eran menores de edad.
Hasta el momento, ninguna autoridad local o federal ha explicado si abrirá una investigación para conocer las condiciones en las que laboran los trabajadores agrícolas en la entidad y las condiciones de los menores de edad.