“Ley Antimemes” abre la puerta a perseguir y encarcelar por expresiones críticas: ARTICLE 19

Colima, México, Avanzada (22/10/2026).— La organización ARTICLE 19 advirtió que la llamada “Ley Antimemes”, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Ejecutivo federal, podría utilizarse para investigar y sancionar penalmente a periodistas, artistas y ciudadanos que empleen logotipos, imágenes o símbolos gubernamentales para informar, cuestionar a las autoridades o realizar sátira política.

La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal contempla penas de prisión por el uso o imitación de la identidad gráfica gubernamental cuando concurran determinadas condiciones relacionadas con actividades comerciales, engaño e intención de cometer un delito. Sin embargo, ARTICLE 19 considera que la redacción es ambigua y no establece garantías suficientes para impedir que las disposiciones se apliquen contra expresiones legítimas.

En un comunicado difundido este jueves, la organización señaló que la Cámara de Diputados aprobó el decreto sin modificar la minuta enviada por el Senado, pese a las advertencias sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión. La legislación fue remitida al Ejecutivo federal, al que ARTICLE 19 solicitó formular observaciones y devolverla al Congreso para corregir las disposiciones cuestionadas.

La organización reconoció que prevenir el fraude constituye una finalidad legítima, pero sostuvo que ese objetivo no justifica establecer sanciones penales mediante disposiciones imprecisas. A su juicio, la legislación debe distinguir claramente entre el uso fraudulento de símbolos oficiales y su utilización con propósitos informativos, artísticos, críticos o humorísticos.

Uno de los principales riesgos identificados es que la posibilidad de enfrentar una investigación penal por modificar o reproducir un logotipo institucional provoque autocensura. ARTICLE 19 advirtió que las consecuencias podrían extenderse más allá de las personas investigadas, al desalentar la publicación de contenidos críticos y limitar el debate público.

La organización también cuestionó la proporcionalidad de las sanciones. Recordó que el artículo 22 de la Constitución mexicana exige que las penas correspondan a la gravedad del delito y al bien jurídico protegido, por lo que consideró necesario justificar por qué la protección de la identidad gráfica gubernamental requiere penas de prisión y no otras medidas menos restrictivas.

Otro aspecto señalado es la modificación al artículo 429 del Código Penal Federal, que establece que los delitos previstos en ese título “se considerarán cometidos en forma dolosa”. Según ARTICLE 19, esta formulación podría interpretarse como una presunción de intención delictiva, en lugar de exigir que el Ministerio Público demuestre ese elemento durante la investigación y el proceso penal.

De aplicarse bajo esa interpretación, advirtió, la disposición podría invertir la carga de la prueba y vulnerar la presunción de inocencia, al colocar a las personas acusadas en la situación de tener que demostrar que no actuaron con intención de cometer un delito.

ARTICLE 19 también rechazó que los compromisos comerciales derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sean una justificación suficiente para aprobar disposiciones que, desde su perspectiva, puedan afectar derechos fundamentales. Señaló que cualquier adecuación legislativa relacionada con el tratado debe respetar las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

La organización sostuvo que la reforma no satisface los requisitos de claridad, proporcionalidad y mínima intervención penal, principios que obligan al Estado a reservar las sanciones criminales para conductas cuya gravedad justifique ese recurso.

Ante ello, pidió al Ejecutivo federal devolver el decreto al Congreso de la Unión y solicitó a los legisladores establecer disposiciones precisas que impidan utilizar la protección de la propiedad industrial y de los símbolos gubernamentales para sancionar expresiones informativas, críticas o satíricas.

Foto: ARTICLE 19.