ONU insiste en examinar desapariciones en México como crímenes de lesa humanidad

México, Avanzada (21/10/2026).— El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró que existen indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que insistió en la necesidad de que la Asamblea General examine con urgencia la situación del país.

El pronunciamiento se produjo durante la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, celebrada este martes 20 de octubre en Nueva York. De acuerdo con un comunicado difundido por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y organizaciones mexicanas, el organismo internacional ratificó su decisión de recurrir al procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La decisión tiene como antecedente una evaluación realizada en abril de 2026, cuando el Comité consideró que la información recibida de organizaciones civiles y del propio Estado mexicano justificaba llevar el caso ante la Asamblea General. Entre los elementos examinados se encontraba el incremento de las desapariciones desde 2006, así como la existencia de patrones criminales que, según el organismo, se han repetido en distintas regiones del territorio nacional.

El CED identificó indicios de desapariciones cometidas directamente por autoridades y de otras perpetradas por organizaciones criminales, algunas de las cuales habrían actuado con la colaboración o tolerancia de funcionarios públicos. Según la información difundida por las organizaciones, el Comité advirtió que en numerosos casos existían elementos para señalar la complicidad o, cuando menos, la aquiescencia de servidores públicos federales, estatales y municipales.

La magnitud de la crisis también fue considerada en la evaluación. De acuerdo con los registros oficiales citados por el organismo, hasta febrero de 2026 México acumulaba más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras que la impunidad en estos casos era descrita como prácticamente absoluta.

El procedimiento impulsado por el Comité no constituye una sentencia judicial contra el Estado mexicano ni establece responsabilidades penales individuales. Su finalidad es llevar la situación al conocimiento de la Asamblea General para promover la cooperación internacional y facilitar asistencia técnica, financiera y especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los delitos.

La FIDH, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos y diversos colectivos de familiares respaldaron la decisión del organismo internacional. En su posicionamiento señalaron que la situación de México ya forma parte de la agenda de la Asamblea General, aunque todavía está pendiente definir cuándo y mediante qué mecanismo será discutida.

Las organizaciones solicitaron que el procedimiento permita la participación de las víctimas y sus familiares, además de impulsar investigaciones sobre los vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales. Consideraron que la falta de esclarecimiento de estas relaciones ha contribuido a mantener la impunidad y favorecer la repetición de las desapariciones.

También plantearon que la reforma y el fortalecimiento interno anunciados por la Fiscalía General de la República incorporen las demandas de los familiares, particularmente la identificación de patrones criminales y de las estructuras que han permitido la comisión de estos delitos. Entre sus propuestas incluyeron discutir mecanismos de justicia transicional y beneficios penales condicionados a la entrega de información verificable que permita localizar víctimas e identificar responsables.

El pronunciamiento recordó que el Gobierno de México rechazó la decisión adoptada por el Comité en abril pasado. En aquella ocasión, las autoridades mexicanas calificaron el procedimiento de tendencioso, carente de rigor jurídico y sustentado en premisas que, según su postura, no correspondían a la realidad del país.

Frente a esa respuesta, las organizaciones pidieron al Estado mexicano asumir una posición constructiva y aceptar la cooperación internacional para fortalecer las investigaciones y las acciones de búsqueda, con respeto a la soberanía nacional.

La solicitud fue respaldada por la FIDH, IDHEAS, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Tejiendo Redes Infancia, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces y colectivos de familiares de personas desaparecidas de distintas entidades del país.

*Fotografía: Pedro Zamora Briseño/Archivo.