México deja sin protección integral a menores reclutados por el crimen organizado: ONG

México, Avanzada (21/10/2026).— La organización Tejiendo Redes Infancia advirtió que México continúa sin una política integral para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó dos reformas legislativas durante 2026. La agrupación sostuvo que las modificaciones legales no garantizan mecanismos suficientes para rescatar a las víctimas, protegerlas y facilitar su reintegración a la sociedad.

El pronunciamiento se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara, con 419 votos a favor, un dictamen para incorporar el reclutamiento criminal a la Ley General de Trata de Personas. Aunque la organización reconoció que la reforma contempla el delito de manera autónoma dentro de esa legislación, cuestionó que no establezca una respuesta integral para atender a los menores utilizados por grupos delictivos.

Tejiendo Redes Infancia recordó que el 4 de marzo de este año, 415 diputados aprobaron otra reforma, esta vez al artículo 201 del Código Penal Federal, para endurecer las penas relacionadas con la corrupción de menores. Ambas iniciativas fueron enviadas al Senado, pero, de acuerdo con la agrupación, ninguna resuelve suficientemente las necesidades de prevención, investigación, protección especializada y reparación del daño.

“Dos reformas aprobadas por unanimidad no equivalen a una política de Estado. México necesita dejar de mirar a las infancias reclutadas como instrumentos del crimen organizado y reconocerlas como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. El verdadero desafío es impedir que sean reclutadas, proteger sus vidas y garantizar que puedan salir de las redes criminales sin ser asesinadas, desaparecidas o encarceladas”, señaló la organización.

La preocupación ocurre en un país donde, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por Tejiendo Redes Infancia, durante 2025 fueron asesinados 817 niñas, niños y adolescentes, un promedio de 2.2 víctimas diarias. La agrupación aclaró que, pese a la reducción de homicidios respecto de 2024, México sigue sin disponer de información pública suficiente para determinar cuántos menores son reclutados por organizaciones criminales.

Uno de los aspectos cuestionados es la captación mediante medios digitales. La organización recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente que las redes sociales, los videojuegos y las falsas ofertas laborales son utilizados para atraer a personas jóvenes hacia actividades delictivas.

Sin embargo, señaló que el dictamen aprobado por los diputados únicamente reconoce los medios electrónicos como posibles instrumentos para cometer el delito, sin establecer obligaciones específicas para las plataformas digitales, mecanismos especializados de detección y denuncia, ni procedimientos para incorporar las evidencias electrónicas a las investigaciones sobre reclutamiento y desapariciones.

La agrupación también advirtió que algunos adolescentes reclutados son obligados posteriormente a participar en la captación de otras víctimas. Ante estas circunstancias, consideró necesario que las autoridades investiguen las condiciones de coerción y eviten tratar automáticamente como delincuentes a quienes pudieron actuar bajo amenazas o sometimiento.

En su posicionamiento, recordó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a México, en 2024, establecer disposiciones penales específicas sobre el reclutamiento y utilización de menores en hostilidades, reconocerlos como víctimas y desarrollar programas para su recuperación y reintegración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró en junio de 2026 la necesidad de acompañar la tipificación del delito con medidas de prevención, investigación, protección y reparación.

Por ello, Tejiendo Redes Infancia dirigió un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Senado de la República para construir una política nacional que incluya mecanismos de identificación de víctimas, separación segura de las organizaciones criminales, protección de sus familias, atención psicológica especializada, reintegración comunitaria y reparación integral del daño.

También pidió que la revisión legislativa se realice mediante un parlamento abierto, con participación de organismos internacionales, especialistas, colectivos de familias buscadoras y adolescentes que habitan en territorios afectados por la violencia.

“México no necesita acostumbrarse a que sus adolescentes desaparezcan, sean reclutados o mueran en una guerra que no eligieron. La protección de sus vidas debe ser una responsabilidad prioritaria de todo el Estado, no una promesa que se agota en nuevas penas de prisión y reformas legislativas vacías”, expresó la organización.

*Imagen ilustrativa, generada con inteligencia artificial.